El Congreso Agrario Permanente (CAP) solicitará a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos integrar a un representante del sector campesino, pues hay 6.1 millones de trabajadores agrícolas desprotegidos, quienes no perciben ni un salario mínimo.

Luis Gómez Garay, coordinador del CAP, comentó que en el tabulador de salarios mínimos desapareció el trabajo agrícola; sólo se mantiene el de operador de maquinaria agrícola, con sa- lario de 98.61 pesos para la zo- na A y 93.62 pesos diarios para la B. El ingreso mínimo para un vaquero es de 85.05 pesos, y para un ordeñador, de 80.23 pesos.

Mientras, los jornaleros agrícolas que laboran en los campos de Sinaloa, noroeste de Sonora y Mexicali, principalmente, perciben entre 120 y 150 pesos diarios por una jornada de 10 horas, carecen de seguro social y otras prestaciones sociales.

El seguro de desempleo, propuesto por el Ejecutivo y que dictaminó en favor la Cámara de Diputados, sólo se aplica a los trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo que únicamente 16.6 millones de trabajadores de 52.2 millones tendrán la posibilidad de disfrutar del seguro de desempleo si cumplen con los requisitos diferenciados por el tipo de contratación, explicó el también dirigente de la Unión General Obrera Campesina y Popular (UGOCP).

Sostuvo que la pérdida del poder adquisitivo del salario es de 80 por ciento, por lo que los jornaleros agrícolas sólo pueden adquirir 20 por ciento de la canasta básica alimentaria indispensable. Por ello es urgente que dichos trabajadores tengan un salario mínimo profesional y sean inscritos en el Seguro Social, así como su familia, pues a los campos llegan con sus esposas e hijos, quienes se suman a las labores.

Respaldo a Mancera

Max Correa Hernández, dirigente de la Central Campesina Cardenista, asentó que 46 por ciento de los ingresos de las familias campesinas proceden de los salarios mínimos, por lo que consideró que el sector campesino debería respaldar la propuesta del jefe del gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, de incrementar a 80 pesos el salario mínimo.

El coordinador del CAP apuntó que de la población económicamente activa (PEA) sólo 20.3 millones –41 por ciento– están en el mercado formal; es decir, tienen una relación contractual y disfrutan las prestaciones de ley, y 29.3 millones, es decir, 59 por ciento, se encuentran en condiciones de informalidad, no tienen contratos laborales ni gozan de prestaciones, y se localizan tanto en el ámbito urbano como rural.