La fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado demandó que la Secretaría de la Función Pública investigue el presunto conflicto de interés y tráfico de influencias en que incurre el coordinador de vinculación de la Oficina de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Stabros, ya que es al mismo tiempo integrante del consejo de administración de la trasnacional española Iberdrola.

El senador perredista Benjamín Robles Montoya recalcó que Iberdrola es una de las trasnacionales del sector eléctrico que ya opera en México y pretende obtener mayores beneficios con la reciente legislación secundaria en materia energética, por lo que es importante deslindar el papel que juega en ello el funcionario de la Presidencia de la República.

La denuncia la llevará el legislador a la sesión de hoy en el Senado, en la que insistirá en que la Función Pública investigue a Ramírez Stabros, cuyo papel principal es la de ser enlace entre la Presidencia de la República y el Congreso, función que se vio incrementada durante la discusión de las leyes reglamentarias de la reforma energética, durante julio y agosto.

Resaltó que, de acuerdo con investigaciones periodísticas, el funcionario, adscrito a la Oficina de la Presidencia de la República con un nivel de subsecretario de Estado y un salario de 130 mil pesos mensuales, desde el 5 de julio de 2013 fungía como integrante del consejo de administración de Iberdrola. Ello, recalcó, es violatorio de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Agregó que luego de la aprobación de las leyes secundarias energéticas, la primera firma que ha anunciado una inyección de capital en el país ha sido Iberdrola, al hacer pública su intención de invertir mil 200 millones de dólares en México entre 2014 y 2016.

De este modo Iberdrola en México tiene previsto potenciar su liderazgo como primer generador privado de energía eléctrica y ampliar su capacidad de generación térmica mediante centrales de ciclo combinado de gas. A las recientes adjudicaciones de las plantas de Baja California y Norte III se suma la ampliación de la central de Monterrey.

Hizo notar que Iberdrola tiene varias denuncias en la Audiencia Nacional de España por presuntos delitos de corrupción y enfrenta litigios en países como Guatemala y Bolivia, así como un expediente sancionador abierto por parte de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia de España por una presunta manipulación fraudulenta.