l andamiaje retóricamente lustroso del reformismo peñista tiene un archisabido lado oscuro, el de las fundadas sospechas del muy rústico enjuague ganancioso, tema éste que no ha merecido del laborioso anunciante de proyectos e inversiones multimillonarias, Enrique Peña Nieto, más que placebos propagandísticos, sin constituirse aún la comisión nacional contra la corrupción a pesar de que fue una de las promesas de su campaña presidencial, suscrita ante notario público (¡Te la firmo y te la incumplo!) en Guadalajara, el 30 de marzo de 2012.

Además de las abundantes razones históricas y prácticas para temer que los grandes negocios impulsados por la actual administración sean pasados por las aduanas de las comisiones, los porcentajes y otras formas de alegre salpicadura de recursos entre políticos y empresarios que al final de estos procesos suelen quedar con intereses y acciones entreveradas, hay indicios preocupantes de que las famosas reformas estructurales fueron aprobadas merced a múltiples procesos de compra de voluntades políticas de legisladores en lo individual, de aparatos partidistas de control legislativo y de directivas partidistas en sí. Bonos especiales, moches, fiestas con premio sexual, cargos en la estructura del Congreso (o, como en el caso de Raúl Cervantes, la descarada oferta de hacerlo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que presidiría), presidencias de mesas directivas, espacios amables en los medios de comunicación aliados, y mucho dinero en efectivo.

Ayer estalló un escándalo entre senadores panistas que abunda en esa hipótesis de la fabricación corrupta de reformas corruptas que darán lugar a grandísimos negocios corruptos. El colimense Jorge Luis Preciado, conocido por su pragmatismo (usó un área del Senado para celebrar el cumpleaños de su esposa con música y bebida, y ahora construye un castillo con fines hoteleros en su estado natal), fue acusado por el jalisciense José María Martínez de haberle ofrecido medio millón de pesos para que aprobara alguna de las reformas que ahora Peña Nieto proclama casi como creaciones divinas, sin mácula de debilidad humana.

Chema Martínez es un pío panista que ha ganado fama al presidir una peculiar comisión sobre asuntos familiares y desarrollo humano que ha pretendido convertir en instrumento ultraderechista para impugnar los matrimonios entre personas del mismo sexo y su derecho a la adopción. Es un cruzado que teóricamente debería estar reñido con la mentira. El acusado, en cambio, es un personaje que impuso Gustavo Madero en sustitución de Ernesto Cordero para contar con un peón manejable, aguantador, sin compromiso militante con la veracidad o la higiene políticas. Otro senador, Martín Orozco (acusado de tráfico de influencias y uso indebido del ejercicio público desde 2007, cuando presidía el municipio de Aguascalientes, litigio que ha ido librando fuera de las rejas gracias a los cargos legislativos que ha ido teniendo), también acusó a Preciado de haberlo invitado a una fiesta con acompañantes de pago, al estilo de lo sucedido en Puerto Vallarta.

Comprar votos y voluntades en el Poder Legislativo federal para aprobar ciertos asuntos significaría que el máximo poder organizador de esas subastas esperase obtener altas ganancias de esos resultados. Son muy altas las probabilidades de corrupción en el negocio del siglo, el de los energéticos, donde Pedro Joaquín Coldwell y Emilio Lozoya hacen heroicos esfuerzos declarativos (pero sólo declarativos) por negar que tan apetitoso pastel trasnacional y transexenal pudiese derivar en hechos de deshonestidad. Pero ni siquiera funciona la de por sí inservible Secretaría de la Función Pública, desguazada desde el arranque del peñismo según eso para dar paso a la comisión nacional anticorrupción que nomás no ha podido sacar adelante Los Pinos, a pesar de que muchas otras faenas aparentemente imposibles se cumplieron a tambor batiente.

En ese tufo generalizado de que el gobierno y las élites económicas se van repartiendo rebanadas de pastel, aparece el yerno de Carlos Slim como ganador del proyecto para la construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad de México. El arquitecto Fernando Romero, casado con una hija del hombre que está en la cima de los más ricos del mundo, participó en la propuesta de la mano de una celebridad, el británico Norman Foster. A fin de cuentas, lo importante para el negocio crudo no es el diseño, sino la asignación de los contratos de construcción, mismos que se llevarán unos 120 mil millones de pesos. No será una sola firma la que se quede con todo el pastel, pero habrá que ver si en los reacomodos de élite, en las compensaciones por golpecitos ‘‘antimonopólicos’’, en el mismo proceso de enriquecimiento al estilo salinista de Telmex, nuevamente está Carlos Slim en la ruta de los grandes negocios asignados por razones políticas y sin verdadera transparencia.

Frente a la magnificencia aeroportuaria que ayer mismo salió a detallar el lic. Peña Nieto (con su personalísima pieza de control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, probado desde el estado de México en cuanto a asignaciones de contratos y demás) se ha vuelto a alzar un machete que no se ha oxidado, el de los pobladores de San Salvador Atenco que ayer mismo realizaron una toma simbólica de la maquinaria que ya está en actividad en los mismos terrenos donde los sueños de grandeza de Vicente Fox comenzaron a estrellarse.

Además de la poca transparencia real en cuanto a los procesos de asignación del negocio del aeropuerto, y el nuevo tropiezo con la piedra histórica de la resistencia en Atenco, hay voces que impugnan la viabilidad técnica del uso de esos suelos. Pero el peñismo va o cree ir con banderas desplegadas, imparable, envuelto en la bandera de la retórica y su sometida reproducción en la mayoría de los medios de comunicación, convencido de que está moviendo a México y no jodiéndolo como otros creen. Y, mientras llega a México La fiesta de la insignificancia, la nueva novela de Milan Kundera, ¡hasta mañana!

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