Seis de cada 10 pesos que se empleen en la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México serán aportados por los contribuyentes mediante transferencias multianuales del presupuesto. El resto de fondos tendrá origen privado y se obtendrá mediante créditos bancarios y la colocación de bonos, de acuerdo con datos oficiales del proyecto anunciado ayer por el presidente Enrique Peña Nieto.

El proyecto, financiado mayoritariamente con respaldo público, abre oportunidades de negocio a varias de las principales empresas constructoras del país, señalaron analistas financieros.

La obra tendrá un costo de 169 mil millones de pesos, de acuerdo con la documentación oficial. Para efectos comparativos, esa cantidad equivale a 1.4 veces el presupuesto anual de la Secretaría de Desarrollo Social, que para este año es de 113 mil 704.2 millones de pesos, y es similar a 3.7 veces los recursos destinados al Programa Oportunidades, uno de los principales instrumentos de combate a la pobreza, que este año alcanza 45 mil 25.7 millones de pesos.

El nuevo aeropuerto se financiará con base en un esquema que combina recursos públicos y privados. De los 169 mil millones de pesos que costará la obra –equivalentes a 0.96 por ciento del producto interno bruto–, el gobierno federal realizará transferencias multianuales por 98 mil millones de pesos, esto es, 58 por ciento del costo estimado.

Así, prácticamente seis de cada 10 pesos requeridos para financiar una de las principales obras de infraestructura emprendidas por la actual adminsitración provendrán de recursos fiscales. En este caso no se trata de deuda pública, debido a que el gobierno federal capturará la plusvalía generada por la terminal y los flujos excedentes, por lo que es considerada una inversión.

El resto de los recursos para financiar la obra, 71 mil millones de pesos, será obtenido mediante la contratación de créditos bancarios y la emisión de bonos en los mercados financieros. En este caso, de acuerdo con el proyecto, tampoco implica aumentar la deuda pública. Analistas financieros explicaron que el pago de los créditos y la amortización de los bonos se obtendrá de los recursos que genera el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México –que es propiedad del gobierno federal–, que obtiene fondos mediante la renta de espacios comerciales y el cobro de un impuesto por el uso de la terminal, entre otros rubros.

El gobierno de Peña Nieto planea financiar la primera fase de la construcción de la nueva terminal, que puede extenderse cinco años, con el flujo de caja del actual aeropuerto capitalino, y analiza emitir bonos con vencimiento hasta de 30 años para financiar las etapas posteriores, de acuerdo con Federico Patiño, director financiero del proyecto, citado este miércoles en un reporte del área de análisis del grupo financiero Ve por Más.

El flujo operativo de la actual terminal aérea es de alrededor de 8 mil 300 millones de pesos, mencionó el grupo financiero.

Los beneficiarios

Aunque se desconocen muchos detalles sobre los planes del gobierno acerca de la construcción del aeropuerto, los principales beneficiarios serían las aerolíneas, operadoras de autopistas de peaje, constructoras y proveedoras de materiales y equipo de construcción. Los beneficios para otros sectores serían menos claros y, en cierto modo, dependerían de si el gobierno decide posteriormente privatizar instalaciones, expuso Accival, la casa de bolsa del grupo financiero Banamex.

Las aerolíneas se beneficiarían del eventual aumento de las franjas horarias de aterrizajes y despegues, consideró. Asimismo, el tránsito en las autopistas de peaje que conectarían con el nuevo aeropuerto podría registrar un fuerte crecimiento, con la compañía Promotora y Desarrolladora de Infraestructura (Pinfra) y la filial mexicana de la española Obrascón, Huarte y Lain (OHL) como posibles beneficiarios, está última por su concesión Conmex, que pasa por la región del lago de Texcoco, agregó.

Además de estas dos compañías, las constructoras y proveedoras de materiales y equipo de construcción estarían posicionadas como iniciales beneficiarias, planteó Accival.

Por su parte, Ve por Más consideró que existen al menos seis constructoras interesadas en edificar la infraestructura aeroportuaria: Pinfra, OHL, Ingenieros Civiles Asociados (ICA), Parsons –firma que opera en 28 países e involucrada en el proyecto–, Skidmore e Impulsora del Desarrollo y el Empleo de América Latina (IDEAL), del empresario Carlos Slim.