El titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Jorge Carlos Ramírez Marín, descartó que el nuevo aeropuerto de la ciudad de México pueda ser objeto de bloqueos o protestas por habitantes de San Salvador Atenco, como las ocurridas durante el sexenio de Vicente Fox, porque ni un solo metro de las tierras ejidales serán afectadas; toda el área que ocupará la obra se hará en terrenos que la Federación tiene en propiedad desde hace mucho tiempo, afirmó.

Luego de participar en una conferencia de prensa para presentar detalles sobre la nueva terminal, el funcionario confirmó que el gobierno federal, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ha adquirido diversos ejidos en una operación aprobada por la asamblea de ejidatarios de San Salvador Atenco, con fines de crear una reserva ecológica que incluso ya tiene nombre: ‘‘Reserva Ecológica Lago de Texcoco’’.

Sostuvo que 97 por ciento de los ejidatarios de Atenco han estado de acuerdo en la venta de sus tierras e interrogado sobre voces que han manifestado ‘‘engaño’’, Ramírez Marín respondió: ‘‘No tenemos la culpa de que estén mal asesorados, todo se ha hecho con absoluta legalidad’’.

Mencionó que las tierras adquiridas en San Salvador Atenco son alrededor de 12 mil 500 hectáreas, exclusivamente para reserva ecológica, y fue voluntad de los ejidatarios vender parte de sus terrenos. ‘‘El aeropuerto no depende de que se compre o no tierra de Atenco’’, subrayó.

Antes, durante la presentación de la parte correspondiente a la Sedatu en el proyecto aeroportuario, el titular de la dependencia expuso: ‘‘Lo primero que hay que asentar y dejar claro es que los terrenos sobre los que se construirá la terminal, unas 4 mil 536 hectáreas de un total de 10 mil 45, son propiedad absoluta del gobierno y no hace sentido comprar tierras para construir el nuevo aeropuerto’’.

Informó que de acuerdo con los estudios realizados hasta el momento, la obra aeroportuaria tendrá impacto en unos 4 millones de habitantes en la zona, en la que se ubican alrededor de un millón de viviendas en una zona depauperada y donde el valor de la tierra ha caído significativamente. Para ellos, afirmó el secretario, se visualiza en el proyecto la construcción de nuevos equipamientos, planteles educativos de diversos niveles, parques y vialidades.

‘‘Extraordinaria oportunidad’’

El aeropuerto, dijo Ramírez Marín, ‘‘es fundamentalmente una extraordinaria oportunidad de regulación urbana, de rediseño y de reordenamiento de una de las zonas metropolitanas más grandes del mundo. Es una oportunidad que puede dar lugar a actividades para el desarrollo ambiental, agroindustriales y, sobre todo, un parque de más de 700 hectáreas para la zona metropolitana’’.

Los reporteros preguntaron al funcionario su opinión sobre las declaraciones del comisariado ejidal de San Salvador Atenco sobre un presunto litigio de 5 mil hectáreas cercanas a los terrenos federales previstos para el nuevo aeropuerto.

Acerca de este particular, Ramírez Marín insistió en que no se tiene en estos momentos ‘‘ninguna duda sobre la propiedad de los terrenos sobre los cuales se construirá el nuevo aeropuerto de la ciudad de México: son terrenos propiedad federal, 4 mil 528 hectáreas de un total de 10 mil 45 que son propiedad, en esa misma zona, del gobierno federal.

‘‘No hay ningún proyecto para expropiar ninguno de los ejidos colindantes y lo que estamos haciendo es una adquisición, a petición de los núcleos ejidales, de tierra salitrosa que estaría más allá de los terrenos de la terminal aérea y que formaría parte del proyecto denominado Plan Ecológico del Lago de Texcoco.’’

En total son unas 700 hectáreas de las que, según el funcionario federal, se pagan a 200 pesos el metro cuadrado, luego de un avalúo realizado por el Indaabin (Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales).