Cuatro meses después de que el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, llamó a iniciar un debate nacional sobre el salario mínimo, diversos sectores locales y federales han coincidido en que el primer paso debe ser avanzar en la desvinculación de éste como unidad de cuenta para el pago de multas, impuestos, derechos y créditos, entre otros, y que su nivel es inaceptable desde cualquier parámetro, señalaron los integrantes del gabinete económico de la ciudad de México.

En el documento Política de recuperación del salario mínimo en México y en el Distrito Federal: propuesta para un acuerdo, que el mandatario capitalino entregará en los próximos días a los secretarios del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, y de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, los especialistas señalan que este tema debe ser abordado en un proceso de diálogo público organizado, en el que nadie introduzca un veto al debate, sino que, por el contrario, facilite la reflexión documentada, la profundización del diagnóstico, la identificación de las opciones políticas y la toma de decisiones en la que impere tanto una racionalidad técnica como un acuerdo político-social.

Como una ruta de trabajo, plantean que la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) sea quien convoque de manera formal a este diálogo, con un programa calendarizado y la participación de autoridades gubernamentales, del Congreso de la Unión, sindicatos, especialistas, intelectuales y organismos internacional, para producir un resultado en un periodo prudente.

Se prevé que durante la próxima sesión ordinaria de la Conago, programada para 17 y 18 de septiembre en Aguascalientes, el mandatario capitalino entregue de manera oficial la propuesta.

En el documento, los especialistas responden a 10 de las preguntas y objeciones más frecuentes que se han hecho sobre el tema en estos meses, entre ellas: ¿Por qué el jefe de Gobierno está empeñado en desplegar un debate y una propuesta sobre un tema que es de competencia federal?, a lo que aclaran que es porque se trata de un problema grave de inconstitucionalidad, lo que exige poner en marcha una estrategia para la recuperación progresiva, significativa, sostenida y responsable de los salarios de quienes menos ganan.

Rechaza que la propuesta del mandatario capitalino invada alguna competencia, porque se trata sencillamente de una convocatoria pública para debatir un tema del más alto interés público.

Puntualizan que el minisalario redunda en prestaciones futuras bajas, y citan el caso de las pensiones, lo que perpetúa el mismo círculo vicioso: trabajadores pobres hoy, que se convertirán en adultos mayores aún más pobres.