Diputados locales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) propondrán al pleno modificar la cláusula antimarchas que incluyó el Partido Acción Nacional (PAN) como condición para aprobar la nueva Ley de Movilidad. Consideran que dicha cláusula contiene restricciones directas a la libertad de expresión que se mantuvieron en los artículos 212, 213 y 214, lo que resulta a todas luces inconstitucional.

El diputado del PRD Manuel Alejandro Robles Gómez informó que junto con los asambleístas Víctor Hugo Lobo Román, Diego Martínez y Alberto Martínez Urincho presentará una iniciativa en ese sentido el próximo periodo ordinario de sesiones, que empieza el 17 de septiembre. 

La propuesta que harán supera el modelo reactivo para migrar al democrático de solución pacífica de conflictos fundado en los derechos humanos, con la premisa del diálogo cuando la manifestación reclama algún acto de autoridad, pues, como sabemos, el Distrito Federal, al ser sede de los poderes de la Unión, concentra el mayor número de marchas, que aunque en estricto sentido no le concierne a la autoridad local, ésta debe intervenir, haciendo el llamado a la apertura de espacios en los que se atiendan las demandas de los manifestantes, indicó.

Robles señaló que esta iniciativa abona al desarrollo de la cultura de la paz del Gobierno del Distrito Federal. La intención es proteger tanto a los capitalinos como a todos los mexicanos que transitan o vienen a manifestarse. Más que la obligación de quienes se manifiestan a dar aviso, se propone que sean las autoridades quienes comuniquen oportunamente las alternativas, a fin de evitar congestiones viales y en el mejor de los casos las disuadan a partir de la atención de demandas.

El también presidente del Comité de Estudios y Estadísticas sobre la ciudad de México informó que con la modificación se  armonizaría la norma de la capital con la importante reforma constitucional en materia de derecho humanos. Lo que en la vía de los hechos pretendemos es el control difuso por el que absolutamente todo órgano de gobierno, toda autoridad, más allá de su orden, nivel o competencia, debe actuar y resolver a partir de los derechos fundamentales.