La Visitaduría General de la Procuraduría General de la República (PGR) investiga probables conductas constitutivas de delitos contra la administración de la justicia en que pudo haber incurrido Anabel Calixto Delgado, agente del Ministerio Público Federal adscrita a la mesa 15 de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos.

Después de más de tres años de indagación, Calixto no ha podido resolver si ex funcionarios de Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) y directivos de varias recuperadoras de créditos para vivienda incurrieron en fraude, al haber sobrevaluado hasta en 40 por ciento el valor real de cientos de viviendas de interés social.

Según consta en el oficio AQ/17/3039/2014, firmado por Yessica J. García Mosqueda, titular del área de quejas del Órgano Interno de Control de la PGR y dirigido a Lidia Noguez Torres, visitadora de la dependencia federal, la visitaduría debe investigar a esa agente del Ministerio Público, ya que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo del conocimiento de esta autoridad administrativa de la comisión de hechos presumiblemente irregulares, en el caso de denuncia contra empresas vivienderas y contra ex funcionarios de SHF.

El pasado 31 de julio, Yolanda Leticia Escandón Carrillo, cuarta visitadora de la CNDH, emitió un acuerdo en el que exhortó a la PGR a iniciar un proceso de sanción contra los funcionarios de la PGR que en más de tres años han obstruido la acción de la justicia.

Según ella, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, que encabeza Jorge Antonio Luna Calderón, ha dilatado la conclusión de una averiguación previa que derivó de una denuncia penal presentada en 2011 por el Frente Mexiquense en Defensa de una Vivienda Digna contra los directivos de las desarrolladoras de vivienda Urbi Desarrollos Urbanos, Homex, Geo, Ara, Sadasi, Promotora de Viviendas Integrales y Ke Desarrolladoras.

El frente, que dirige José Humbertus Pérez Espinoza, ha documentado ante la autoridad ministerial que entre 1999 y 2011 sociedades financieras de objeto limitado otorgaron préstamos hipotecarios sobrevaluados en 40 por ciento con el aval de SHF.