Hermosillo, Son., 9 de septiembre.

El gobernador Guillermo Padrés Elías expulsó del Comité Estatal de Operación de Emergencias, que atiende el caso de la contaminación del río Sonora por el derrame de 40 mil metros cúbicos de tóxicos de la mina Buenavista del Cobre, a los delegados de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Juan Carlos Flores Monge; de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Jorge Andrés Suilo Orozco, y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), César Lagarda Lagarda.

El mandatario panista argumentó que estos funcionarios federales han actuado con ‘‘tintes políticos y no técnicos’’ durante la contingencia y aseguró que desde antes del pasado 6 de agosto –cuando se produjo el derrame tóxico– conocían las irregularidades en el manejo de contaminantes en la mina ubicada en Cananea, y ‘‘por omisión o encubrimiento’’ no actuaron para evitar el desastre ecológico.

‘‘El gobernador del estado es el presidente del comité y estos delegados federales ya no serán bien recibidos’’ en las reuniones de esta instancia, advirtió Padrés Elías, quien pidió a la Federación enviar a otros representantes a las sesiones de trabajo.

En entrevistas para un programa de televisión transmitido la noche del lunes, Flores Monge, Suilo Orozco y Lagarda Lagarda acusaron a Guillermo Padrés de violar la ley al construir un represo en su rancho Pozo Nuevo, en la comunidad de Bacanuchi, municipio de Arizpe.

Padrés Elías adelantó que demandará por la vía civil por daño moral y difamación a los tres delegados federales, quienes, sostuvo, lo acusaron ‘‘sin pruebas y fundamento alguno’’ de acaparar agua en Bacanuchi.

Agregó que los funcionarios no verificaron si realmente estaba operando un represo en su rancho, por lo que consideró que ‘‘salieron’’ a declarar como si esa fuera la verdad, para ‘‘tapar’’ otro tema: la contaminación del río Sonora.

Puntualizó que el represo se edificó para evitar inundaciones y no para almacenar agua destinada a actividades agrícolas. ‘‘La Ley de Aguas Nacionales da la facultad a los propietarios de terrenos el hacer ese tipo de obras, de las cuales no sacamos provecho en lo mínimo’’, apuntó el mandatario estatal.

Consideró que tras participar en reuniones con los alcaldes de los municipios afectados con el derrame de tóxicos causados por la Mina Buenavista del Cobre, y de denunciar a Grupo México por la falta de atención a la emergencia, él se convirtió en blanco de una campaña mediática para desviar la atención del tema, en lo cual ‘‘los delegados federales fueron piezas claves, sin que el presidente Enrique Peña Nieto lo supiera. No les ha gustado que yo haya elevado la voz, porque no he estado de acuerdo con las políticas públicas y las acciones que han manejado en torno al río Sonora’’, enfatizó el gobernador sonorense de extracción panista.

En conferencia de prensa, Padrés exigió la renuncia del titular de la Profepa, Guillermo Haro Belchez, quien, dijo, no tomó medidas para evitar la contaminación del cauce con más de 40 millones de litros de tóxicos, en perjuicio de más de 23 mil habitantes de los municipios de Arizpe, Huépac, Banámichi, San Felipe, Baviácora, Ures y Aconchi.

El gobernador indicó finalmente que los daños causados por la mina propiedad de Grupo México –que encabeza Germán Larrea– al medio ambiente y a las actividades productivas de la región se sufrirán a largo plazo, y la cifra de pérdidas económicas rebasará los 2 mil millones de pesos.