La representante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en México, Isabel Crowley, advirtió en el Senado que a la iniciativa preferente que envió el presidente Enrique Peña Nieto a este recinto legislativo se le deben hacer ajustes, porque la forma en que regula a los menores migrantes no acompañados y los albergues es contraria a la convención de los derechos del niño, además de que persiste la lógica asistencialista, entre otras cuestiones.

En el segundo día de las audiencias para analizar el proyecto de ley general para la protección de niñas, niños y adolescentes, Crowley expresó otras preocupaciones, como que no se haya considerado un presupuesto para esta reforma, lo que impide que se cumplan los nuevos mandatos que otorga al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y a las procuradurías. Se requiere que el sistema tenga un órgano rector con dientes, el cual realmente pueda representar a los 40 millones de niños que hay en el país.

Responsabiliza a los padres por encima de obligaciones del Estado

Ante los senadores de las seis comisiones que dictaminarán la propuesta del Ejecutivo, refirió también que es necesario hacer una revisión integral, ya que no es claro aún que el Estado asuma su responsabilidad como principal obligado frente a la garantía de los derechos de los menores y adolescentes; el proyecto, señaló, muestra una tendencia a responsabilizar a los padres por encima de la obligación del Estado.

Asimismo, la funcionaria de la ONU destacó que se debe revisar el capítulo de la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto sobre asistencia a niñas y niños migrantes no acompañados, porque la forma en que regula la protección y asistencia legitima la institucionalización de menores y adolescentes, así como el régimen de privación de la libertad, ambos contrarios al sentido de la Convención sobre los Derechos del Niño.

También señaló que el enfoque de derechos debe verse reflejado no sólo en la enumeración, sino en las respuestas que el Estado prevé para garantizarlos.

La iniciativa, dijo, presenta posibilidades de mejora en su estructura; por ejemplo, podría establecer con mayor claridad sus alcances y objetivos, dando el peso central al establecimiento y regulación del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.

Otro punto que deberá modificarse, precisó, es que al regular dicho sistema se haga también una separación muy importante y una diferenciación expresa entre el sistema y el sistema de protección especial de los derechos de los menores, ya que uno opera en el ámbito general de promoción y garantía de derechos y el otro frente a los casos que amenazan la violación de los mismos.

Por lo que respecta al sistema nacional de protección integral, señaló que aún es necesario definir con mayor claridad el órgano operativo capaz de hacer viable la articulación y coordinación necesaria entre las instituciones que lo integran y los diferentes órganos del gobierno, es decir, cómo funcionan y se articulan las relaciones entre varias entidades.

Igualmente, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), Javier Valencia, dijo que esta ley se puede enriquecer incorporando todos los tratados internacionales sobre garantías fundamentales y las 117 recomendaciones que la ONU, sus órganos de tratados y comités hicieron al gobierno mexicano.

En tanto, el representante adjunto del Fondo de Población de Naciones Unidas en México (Unfpa), ONU Mujeres-México y la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) señalaron que debe modificarse la propuesta del Ejecutivo porque no tiene perspectiva de género, es asistencialista y no se reconoce de manera explícita la responsabilidad del Estado en garantizar los derechos de los menores.