or mucho que Germán Larrea y su Grupo México acumulen un rosario de violaciones a las leyes medioambientales, sanitarias, laborales y de competencia económica, la siempre servicial cúpula política respira tranquila porque, como siempre, finalmente todo se arregla con dinero, y para demostrarlo allí está el más reciente –que no el último– ecocidio cometido en Sonora por ese corporativo minero.

Así, los mexicanos pueden estar tranquilos pues el gobierno federal ha dejado en claro, por si hubiera dudas, que lo único importante no es la magnitud del delito ni la recurrencia de los atentados en contra del medio ambiente, sino el volumen de fondos disponibles en la chequera del responsable. Y debieron transcurrir 35 días (a lo largo de los cuales los involucrados se echaron la pelotita) para que todos –menos los directamente afectados– quedaran contentos y el problemas olucionado, sin riesgo alguno de que la concesión minera sea cancelada. Vamos, ni siquiera condicionada.

¿Cómo fue la solución? Fácil: crearon un fideicomiso por 2 mil millones de pesos (en ministraciones de 500 millones) anunciado, presumido y defendido por el gobierno federal en una conferencia de prensa en la que todos participaron (los titulares de la Semarnat, Juan José Guerra, y de Economía, Ildefonso Guajardo –ahora sí muy platicador–, más el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos, y el vocero gubernamental, Eduardo Sánchez)… menos los representantes del Grupo México.

De nada sirvió que la comisión especial de la Cámara de Diputados encargada de elaborar un informe sobre el ecocidio del Grupo México en Sonora denunciara anomalías sin fin por parte de la empresa, la cual ha mentido descarada y reiteradamente, y se ha pasado la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental por el arco del triunfo, al igual que los protocolos de seguridad, laborales y sanitarios, porque al final de cuentas el gobierno federal logró constituir un fideicomiso que remediará el ecocidio, y de paso evitó demandas y juicios en contra del corporativo minero que sólo llevarían mucho tiempo.

Tampoco es útil que esa misma comisión detalle que la minera incumplió, pues “sólo operaba una pileta de contención del sulfato de cobre. Su obligación fue haber levantado tres, porque si se desborda una, el material líquido corre a la siguiente, y si (también) se desborda ésta –en caso extremo–, corre hasta la tercera. En el caso de la mina Buenavista del Cobre la segunda pileta apenas se encuentra en construcción” (La Jornada, Enrique Méndez y Roberto Garduño).

¿Dónde estaban los supervisores gubernamentales, los delegados federales, que no registraron ninguna violación a la ley medioambiental ni avisaron del derrame tóxico? Probablemente en la nómina de la empresa (como muchos políticos y funcionarios), porque lo mismo sucedió en Pasta de Conchos. Nadie supo, nadie sabe, y la solución de la dupla gobierno federal-consorcio minero (que también prometió remediar los daños) fue dejar los cuerpos de 63 mineros bajo toneladas de escombro y totalmente desprotegidos a los deudos.

Como bien se apunta en la referida información de La Jornada, “la situación se agravó para la población porque en Cananea desde hace cinco años el servicio de salud es deficiente, pues los mineros no tienen Seguro Social. El sindicato blanco que impuso el entonces secretario del Trabajo, el panista Javier Lozano Alarcón, aceptó un contrato colectivo sin esa prestación, a lo que la diputada Lilia Aguilar agregó: ‘¡Germán Larrea no paga Seguro Social. Es un cabrón!’”. Y para redondear, los pobladores de la región afectada advirtieron a los diputados: frente a la abulia y omisión de Grupo México y el gobierno de Guillermo Padrés (otra joya de la política nacional), si llueve nos va a llevar la chingada.

Pero eso no importa a la autoridad. Preguntaron los colegas en la conferencia de prensa: ¿la concesión de Buenavista del Cobre está en riesgo? Ni lejanamente, porque el objetivo es la remediación (Ildefonso Guajardo dixit). ¿Cuánto tiempo llevará tal remediación? No lo saben. ¿Cómo se garantiza que no vuelva a suceder? Tampoco. ¿Quién garantiza que el Grupo México entregará el dinero? Pues la empresa, dicen confiados. Pero, eso sí, los cuatro participantes en la citada conferencia de prensa, a coro, presumieron que el gobierno federal ha actuado con oportunidad y que el interés es proteger a la población y al medio ambiente. Y fueron ellos, no el ecocida, quienes dieron cuenta de la solución.

Por su parte, Grupo México se limitó a publicar un boletín, por medio de la Bolsa Mexicana de Valores, en el que dice que Buenavista del Cobre informa que, para reforzar las acciones realizadas, dar cumplimiento al plan de reparación ambiental, en su caso compensación, y al pago de daños materiales a los habitantes ribereños de los siete municipios afectados por el lamentable accidente ocurrido el pasado 6 de agosto, se ha obligado con el gobierno de la República a constituir un fideicomiso por 2 mil millones de pesos, (que) contará con un comité técnico integrado por el gobierno federal, la empresa y especialistas, y estará asesorado por un grupo de expertos en materia ambiental. Y colorín colorado, el ecocidio no ha terminado.

En fin, con autoridades de ese tamaño y alcance, y resuelto el entuerto (versión oficial) con la creación del fideicomiso, Germán Larrea y su Grupo México seguirá contaminando discrecionalmente, porque su chequera da para eso y mucho más. Por ejemplo, para colarse al negocio de la televisión en donde, con la venia gubernamental, podrá intoxicar a muchísima gente más. Y si eso lo hace un empresario autóctono, habrá que imaginar de qué tamaño será el daño ecológico causado por las bondadosas trasnacionales petroleras que vorazmente llegan a contribuir al desarrollo nacional. Así, sálvese quien pueda, en el entendido de que la autoridad asegura que trabajar al mismo tiempo para el gobierno federal y para una empresa trasnacional es un asunto apegado a derecho, como en el caso del ex coordinador de Vinculación de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Stabros, quien también laboraba como consejero de la trasnacional Iberdrola. Vamos bien.

Las rebanadas del pastel

Oficialmente cortaron 33 cabezas por las múltiples anomalías registradas tras la construcción de la línea 12 del Metro capitalino. Pero ¿qué no deberían ser 34? ¿Y la de Marcelo Ebrard, primer responsable de tal proyecto?

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