La muerte del niño José Luis Alberto Tehuatle Tamayo, quien sufrió una herida en la cabeza durante el desalojo de pobladores de San Bernardino Chalchihuapan por elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) de Puebla, fue consecuencia del impacto de un cartucho de gas lacrimógeno usado por los uniformados contra los manifestantes, no por un cohetón que hubiese lanzado alguno de los quejosos, como afirmaron las autoridades poblanas, señaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Ayer, la CNDH dio a conocer las conclusiones de la investigación que realizó por los hechos del pasado 9 de julio sobre la carretera Atlixco-Puebla, municipio de Ocoyucan, que además dejaron nueve personas gravemente lesionadas, entre ellos dos menores de edad, también por los cartuchos de gas empleados por la fuerza pública.

Al presentar ante los medios la recomendación dirigida al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, el titular de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, apuntó que durante el operativo los policías incurrieron en uso excesivo y negligente de la fuerza, además de que funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no preservaron el lugar de los hechos y lo alteraron.

Las acciones de los empleados de ambas dependencias estatales se tradujeron en diversas violaciones a las garantías fundamentales, como los derechos a la vida y la libertad de reunión, a la seguridad e integridad personal, la legalidad, la seguridad jurídica y el trato digno, a la verdad de la información y a todos aquellos derechos que el orden jurídico mexicano reconoce a las personas en su calidad de víctimas del delito y del abuso del poder.

De acuerdo con el ombudsman, estas faltas son atribuibles a funcionarios de la de la PGJE y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, incluido su titular Facundo Rosas, quien estuvo al frente del operativo.

Los hechos ocurrieron cuando elementos de la PEP desalojaron en forma violenta a pobladores de San Bernardino Chalchiuapan que bloqueaban los dos sentidos de la autopista Atlixco-Puebla para demandar que el servicio del registro civil se reintegrara a las juntas auxiliares municipales.

El ombudsman refirió que hubo dos manifestaciones previas por el mismo motivo y aun cuando el gobierno estatal tenía identificado que la tercera protesta podría tornarse violenta, no se emprendieron las acciones necesarias para atender adecuadamente la citada manifestación, agotar el diálogo y tratar de resolver de manera pacífica el conflicto social. Sin embargo, en la recomendación no hay ningún señalamiento contra el gobernador Moreno Valle.

La investigación de la CNDH indica que en el operativo participaron 426 policías: 392 escuderos, 20 escopeteros y 14 granaderos, y que entre los últimos 34 pudo recaer la responsabilidad directa de accionar el arma no letal que causó la muerte del niño Tlehuatle Tamayo.

Los investigadores de la CNDH documentaron que cuatro manifestantes detenidos durante los hechos sufrieron malos tratos y les hicieron imputaciones indebidas, por lo que fueron liberados. Además, 49 policías resultaron lesionados.

Plascencia dijo que no hubo pruebas contundentes para acreditar que en el operativo se usaran las llamadas balas de goma, pues existía la hipótesis de que el impacto de una de ellas pudo haber causado la muerte del menor.

Elia Tamayo, madre del niño José Luis Tehuatle, muerto por el impacto de un cartucho de gas lanzado por policías poblanos, en la presentación de las conclusiones de la indagatoria que realizó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el casoFoto Carlos RamosMamahua

La CNDH emitió 11 recomendaciones a Moreno Valle: iniciar los procedimientos correspondientes contra funcionarios responsables; crear una fiscalía especial para investigar los hechos, con la finalidad de que las indagatorias se realicen de manera objetiva, transparente e imparcial; que se reparen los daños causados a las víctimas y se les ofrezca una disculpa institucional, y que se generen mecanismos efectivos para la solución de conflictos por medio del diálogo y el respeto a los derechos humanos, entre otras.

Moreno Valle tiene 30 días hábiles para responder y cumplir la recomendación; en caso contrario, podría ser llamado a comparecer ante el Senado.

El PRD en el Senado citará al ombudsman para que explique por qué protege al mandatario

Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Elia Tamayo, madre del niño José Luis Alberto Tehuatle, asesinado en Puebla, manifestó su desacuerdo con la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), exigió justicia para su hijo y la destitución del gobernador Rafael Moreno Valle.

En tanto, la bancada del PRD en el Senado anunció que citará a comparecer al presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, para que explique por qué deja en la impunidad al gobernador poblano.

El senador Luis Sánchez cuestionó “por qué la CNDH no tocó al gobernador, al procurador ni al secretario de Gobierno de Puebla, si en su recomendación el ombudsman reconoce que al niño lo mataron con balas de goma y que el mandatario mintió. Protegió a su amigo Moreno Valle”.

En conferencia de prensa en la que estuvo acompañada por el vicepresidente del Senado, Luis Sánchez, y por la diputada Roxana Porquillo, ambos del PRD, la señora Tamayo manifestó: “Me siento indignada, porque el señor gobernador me arruinó la vida, quitando la vida a un inocente. Además, hay compañeros que están heridos, no es justo.

Él (gobernador) siempre dijo que si no podía hacer bien las cosas se iba. Yo pido que mejor renuncie, porque es un mal gobierno, exijo justicia, expresó la señora con la voz entrecortada por el llanto.

El senador Sánchez indicó que esperábamos que la CNDH, de acuerdo con sus facultades, hiciera una verdadera investigación, y nos encontramos con la resolución del defensor del pueblo que da impunidad al gobernador.

No obstante, dijo que el resolutivo de la CNDH reconoce que al menor no lo mató un cohetón, que el gobernador Moreno Valle mintió, y establece diversos elementos que nos permiten seguir exigiendo justicia y acudir a otras instancias. La recomendación de la CNDH es una burla a la sociedad.

La diputada Porquillo sostuvo que “la recomendación del ombudsman se queda corta” y que la CNDH plantea la creación de una fiscalía especial para la investigación, pero no podemos seguir dando facultades al gobierno del estado cuando miente. Esta fiscalía se tiene que retomar a escala nacional para terminar la investigación.

Manuel Bartlett, senador por Puebla, destacó que nadie podía creer el cuento de que un cohetón había matado al niño. Las fotos lo revelaban. Hubiera sido grotesco que la CNDH dijera otra cosa. Deben fincarse responsabilidades al gobernador.