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Hay evidentes violaciones a derechos

Demanda la Corte a jueces garantizar que acusados tengan apoyo de abogado
 
Periódico La Jornada
Viernes 12 de septiembre de 2014, p. 10

En una decisión inédita, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) exhortó a los jueces y magistrados federales a que tomen verdadera conciencia de lo que significa una violación evidente al debido proceso legal, como es el hecho de que una persona no cuente con la asistencia jurídica de un abogado desde el momento en que es detenida hasta que es puesta a disposición del Ministerio Público (MP) para que rinda su declaración preparatoria.

Con el voto en contra del ministro Jorge Pardo Rebolledo, los integrantes de la sala cuestionaron a los juzgadores que convalidan esas prácticas execrables que, desafortunadamente, siguen llevándose a cabo con relación a la falta de asistencia jurídica profesional de los imputados.

Al resolver un amparo en el que un acusado de robo agravado impugnó la sentencia en su contra con el argumento de que se violó su derecho a una defensa adecuada, ya que no fue asistido por un abogado cuando declaró ante el MP, además de que los policías que lo detuvieron no le leyeron todos sus derechos legales.

La recomendación fue hecha a los juzgadores aun cuando la sala negó el amparo al quejoso.

En la sentencia, la sala señaló que el nuevo sistema de justicia penal y el respeto pleno a los derechos humanos, que salvaguarda la Constitución, busca, precisamente, eliminar esas prácticas.

Apuntó que no puede enmudecer ante la convalidación apenas simulada que algunos operadores jurídicos llevan a cabo, al considerar que no importa que el imputado no cuente con asistencia legal profesional cuando hay otros elementos de prueba que convalidan su responsabilidad penal.

Permitir esa situación, aseveraron los ministros José Ramón Cossío, Olga Sánchez Cordero, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Arturo Zaldívar, implicaría reconocer que la violación a los derechos humanos es menos importante que la comprobación del delito y la responsabilidad en su comisión. No es así, porque ambas cuestiones deben guardar un equilibrio, si lo que se quiere es aspirar a un genuino estado de derecho.