El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) instruyó a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) conceder a un particular toda la información relacionada con la consulta a las comunidades indígenas sobre el proyecto hidroeléctrico de Las Cruces, en Nayarit.

El pleno del Ifai avaló el planteamiento del consejero ponente, Óscar Guerra Ford, de que la publicidad de la información puede contribuir a la transparencia del proceso, evitando prácticas de corrupción en perjuicio de las comunidades indígenas involucradas, así como la protección de los derechos e intereses de las mismas.

Guerra Ford planteó que el proyecto hidroeléctrico Las Cruces puede afectar el territorio de varias comunidades indígenas, por lo que todas las autoridades tienen sobradas obligaciones para realizar la consulta.

En su ponencia, afirmó que la consulta previa es un derecho humano que tienen los pueblos y comunidades indígenas cuando una decisión pueda afectar su forma de vida o sus instituciones políticas, económicas, sociales o culturales.

Además, estableció que con base en un adecuado de control de convencionalidad, adquieren el carácter de información pública.

El comisionado subrayó que dentro de los procesos de salvaguarda de derechos humanos es necesario fortalecer el ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, ya que se hace indispensable contar con elementos fiables que indiquen la manera en que el Estado realiza las consultas previas a los pueblos originarios.

Consideró que la consulta realizada a las comunidades indígenas es un proceso deliberativo que inicia desde su diseño hasta los acuerdos entre la comunidad y la autoridad, etapas que deben estar documentadas y obrar en los archivos del sujeto obligado.

Inicialmente, la CDI indicó al solicitante de la información que la misma se encontraba reservada con base en el oficio MARG-0044/14 de la Comisión Federal de Electricidad, que es la dependencia encargada del proceso deliberativo para la construcción del proyecto.

Ahora, con la resolución adoptada por el pleno del Ifai, la CDI deberá reclasificar la información para elaborar una versión pública, a fin de entregarla a quien la solicitó. La instancia federal deberá omitir datos personales de quienes están participando en el proceso deliberativo.