Los crímenes contra la población civil prevalecen en el país. La tortura y desapariciones forzadas no han cesado, pese al discurso oficial que con cifras pretende confundir a la sociedad, afirmaron organizaciones civiles de derechos humanos.

Consultadas sobre la denuncia presentada el pasado viernes, ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad en Baja California, señalaron que representa un gran paso en el camino de la denuncia pública y la búsqueda por que las autoridades realmente asuman su compromiso con el respeto a las garantías fundamentales.

Julio Mata Montiel, de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos, señaló que las agresiones contra la población civil no se terminaron con el gobierno del panista Felipe Calderón. Se mantienen en la administración de Enrique Peña, aunque es un asunto que se pretende minimizar.

El gobierno federal firma convenios internacionales, tiene un discurso en el que se presenta como demócrata, pero pone candados a los acuerdos para limitarlos en su aplicación, dijo.

Sobre las cifras de las desapariciones forzadas, el activista señaló que los números se quedan cortos, si no se acompañan de una explicación de la metodología seguida y sobre los protocolos de búsqueda que llevan a cabo.

Por eso, señaló Mata Montiel, el informe llevado por tres organizaciones civiles ante la Corte Penal Internacional y la solicitud a ese organismo para que indague los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante el gobierno calderonista, al amparo de la guerra contra el narcotráfico, adquiere una gran relevancia.

Se trata de visibilizar un problema que se pretende minimizar; y sobre todo llamar la atención de que se siguen acumulando víctimas del Ejército metido en labores policiacas.

Adrián Ramírez, dirigente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, comentó que entre las causas de la grave crisis de violaciones a las garantías fundamentales en el país se debe a participación policial del Ejército y las fuerzas armadas.

Ni el Ejecutivo ni el Legislativo han cumplido con su responsabilidad. Los legisladores porque no impulsan los cambios para adecuar las leyes nacionales con el derecho internacional de derechos humanos, como la tipificación de los delitos contra la humanidad. Se les debe reconocer como graves, investigarlos de oficio y establecer sanciones mayores que no dejen resquicios para la impunidad.

Recordó que las denuncias admitidas por la Corte Penal Internacional, son investigadas para encontrar responsables de los ilícitos denunciados. Es decir, las resoluciones no son contra los gobiernos; sin embargo, al no corregirse la situación y de prevalecer la comisión de atropellos contra la población civil, los casos se acumulan y, por tanto, también se puede investigar a los funcionarios en turno.