El diputado local perredista Alejandro Ojeda Anguiano dio a conocer que tramita ante la Contraloría General del Distrito Federal y ante la Auditoría Superior de la ciudad de México, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) la realización de auditorías para esclarecer qué pasó con los más de 10 mil radiorreceptores de alarma sísmica que la Secretaría de Protección Civil niega tener.

El legislador dijo que ante posibles actos de corrupción o de desvío de recursos públicos, es necesario iniciar a la brevedad una investigación a fondo para saber dónde están esos radiorreceptores, porque es inaceptable que simplemente la Secretaría de Protección Civil diga que no los tiene.

Consideró deplorable el desconocimiento de la dependencia sobre los 50 mil dispositivos de alerta sísmica por los que la Oficialía Mayor del Distrito Federal pagó más de 29 millones de pesos en 2011.

El legislador, miembro de la Comisión de Protección Civil de la ALDF, mencionó: Bueno, si no los tiene, lo propio es que la secretaría actúe a fin de indagar dónde están, ya que es la dependencia que por materia debería saber quién los tiene.

Explicó que a petición expresa, la sociedad mercantil Dreieck informó que en 2011 fueron vendidos al Gobierno del Distrito Federal 50 mil radiorreceptores de alerta sísmica marca Sarmex, para ser instalados, principalmente, en escuelas públicas y oficinas de gobierno.

Reiteró que de esos 50 mil aparatos ya se instalaron 39 mil 131 en escuelas públicas de la ciudad de México, de tal manera que restan 10 mil 869 por utilizar, mismos que podrían donarse a los conjuntos habitacionales y ponerlos a disposición de los comités ciudadanos de esos entornos.

Consideró lamentable que el encargado de Protección Civil en la capital desconozca que al menos 39 mil de estos fueron instalados en escuelas públicas de la ciudad de México.

La Secretaría de Protección Civil, además de no cumplir con los procesos relacionados con el ejercicio de sus funciones, desconoce la distribución de estas herramientas fundamentales, lo que va en detrimento de la seguridad de las y los habitantes de la capital, subrayó.

Resulta verdaderamente indignante que a 29 años de conmemorar el terremoto de 1985, estos instrumentos prácticamente estén desaparecidos, cuando deberían estar instalados en hospitales, unidades habitacionales, edificios y vecindades en zonas de alto riesgo, así como en casas de cultura, mercados y oficinas públicas.