Mientras continúan las versiones de que Carlos Romero Deschamps dejaría la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), dos grupos de oposición señalan que tienen toma de nota para asumir esta directiva.

Otro más demanda que por fin haya elecciones democráticas y denuncia que la organización se ha tomado como botín, ya que su comité ejecutivo nacional maneja discrecionalmente 2 mil millones de pesos anuales, por cuotas sindicales de más de 120 mil agremiados, que corresponden a 2 por ciento de su salario.

Además, Petróleos Mexicanos (Pemex) entrega a este sindicato cada año 22 millones de pesos adicionales por ayuda para gastos derivados de los festejos del 1º de mayo; 12 millones 500 mil pesos por gastos del aniversario de la Expropiación Petrolera, así como 80 millones por gastos de las revisiones al contrato colectivo de trabajo.

Dichas ayudas económicas están establecidas en un convenio que firmaron la empresa y el sindicato que encabeza el actual senador Romero Deschamps, y que se incorporaron en las cláusulas 251-bis y 258. Sin embargo, el CEN además recibe 2 por ciento del monto total de los contratos que Pemex le otorga a las empresas privadas, para que éstas puedan operar, y por lo que recibe cientos de millones de pesos anuales, ingresos que se han convertido en un gran botín que no quiere soltar la dirigencia, señalan el Frente Nacional Petrolero y la Gran Alianza Nacional Petrolera.

Indican que los ingresos no paran ahí, ya que el sindicato esta inmerso en corrupción y fraude, ya que los propios dirigentes, como Romero Deschamps, tienen empresas a través de prestranombres que le venden servicios a Pemex; administran además en forma paralela el Sindicato de Trabajadores de la Construcción y Excavación (Sitrace) y también reciben cuotas sindicales y apoyos económicos de las empresas terciarias.

La cuenta sigue, porque esta última organización opositora señaló que atrás del saqueo y robo de petróleo y derivados en tomas clandestinas están los dirigentes sindicales; que persiste la venta de plazas y el manejo discrecional de las cláusulas económicas, como las ayudas deportivas, por festejos, compra de juguetes, y un sinfín de aportaciones monetarias.

Ante las versiones que surgieron desde hace algunas semanas respecto de la salida de Romero Deschamps del sindicato, esta alianza demanda al gobierno que se acabe la impunidad en el sindicato, que no haya intocables ni compadrazgos, que nadie esté por encima de las leyes y haya un cambio en la directiva que ha usurpado por tres décadas dicho dirigente.

En tanto, dos organizaciones opositoras señalan que tienen toma de nota. Una de ellas es encabezada por Omar Toledo, quien en agosto de 2008, junto con un grupo de trabajadores tomó la sede del sindicato y se erigió en nuevo dirigente por unos minutos, ya que después fueron golpeados y agredidos los disidentes de Ciudad Madero, Tampico, Altamira y Reynosa, Tamauilias, con toletes, tubos y hasta armas de fuego; incluso hubo un trabajador fallecido.

En contraparte está Jorge Hernández Lira, originario de Poza Rica, Veracruz, quien fungía como secretario del trabajo de esta sección y estuvo preso junto con el dirigente de la misma, Mario Ross Rubicel, por fraude del patrimonio sindical.

No obstante, Hernández Lira llevó a cabo una asamblea por el relevo de la dirigencia sindical en octubre del 2012, donde, según su grupo, quedó electo como secretario general del gremio. Incluso presentó una solicitud de toma de nota ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la cual le fue negada por acuerdo del 16 de noviembre de ese año.

El 3 de enero del 2013, Hernández Lira recurrió a un amparo y se le negó; ese mismo año se inconformó y, con fecha 2 de diciembre, un tribunal confirmó la negativa.

A pesar de ello, señala que tiene la toma de nota y que es el dirigente legítimo de la organización petrolera.

Ante ello, el Frente Nacional Petrolero y la Gran Alianza Nacional Petrolera señalan que dichas prácticas sólo sirven para confundir a la base trabajadora; que también es ilegal la dirigencia de Romero Deschamps; que no hay desde 1993 una toma de nota que avale a la directiva nacional y las 36 secciones locales actuales.

Además, que la disidencia real quiere un cambio verdadero, así como la depuración total y democratización de la dirigencia del gremio.