En acatamiento a un amparo de un juzgado federal, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) ordenó a la Secretaría de Desarrollo Urbano de esa entidad asegurar los conjuntos habitacionales urbanos Villa del Real, Quinta Sección Fases I y II y Sexta Sección, ubicados en el municipio de Tecámac.

Lo anterior es parte del desahogo de una averiguación previa en la que los fiscales especiales de delitos cometidos por fraccionadores están a unos días de pedir las órdenes de aprehensión contra ex funcionarios mexiquenses y directivos del Grupo Constructor de Viviendas Desarrollos Urbanos (Urbi SA de CV), informaron fuentes ministeriales y judiciales.

Sin embargo, abogados de decenas de familias defraudadas con el sobreprecio hasta de 40 por ciento del valor real de sus viviendas adquiridas a crédito entre 1999 y 2004, presentaron una ampliación de sus denuncias por fraude equiparado, pues consideran que la inmobiliaria realizó una maniobra ilegal, con la cual se pretende evitar el aseguramiento.

Según el escrito de denuncia, elaborada por el Frente Mexiquense en Defensa de una Vivienda Digna AC (FMDVD), “los directivos de Urbi realizaron la venta ilícita de los terrenos que se ubican dentro de los citados conjuntos habitacionales, utilizando otra persona moral para efectuar las enajenaciones de los mismos, y lo hicieron el mismo día en que (la PGJEM) ordenó asegurar los bienes”.

La importancia de conservar esos terrenos en poder de la autoridad ministerial (que deberá ponerlos a disposición de un juez, cuando se libren las órdenes de arresto correspondientes), se debe a que con ellos se puede garantizar la reparación del daño patrimonial al que tienen derecho las personas que fueron defraudadas al adquirir sus viviendas sobrevaluadas.

El pasado 26 de agosto, la PGJEM ordenó el aseguramiento de los terrenos de Urbi ubicados en Tecámac. La ampliación de la querella de los afectados, a la que tuvo acceso La Jornada, refiere que la empresa Cyd Desarrollos Urbanos, mediante su apoderado legal Óscar Omar Valladares, vendieron los terrenos a la empresa espcialista en seguridad privada y custodia. El contrato de compra venta ilícito fue protocolizado por los notarios públicos 106 y 135 del Distrito Federal, Mario Rea Vázquez y Mario Filogonio Rea Field, con el número de escritura pública notarial 76 mil 363.

La denuncia añade que los terrenos asegurados “tienen precio de 2 mil 500 pesos por metro cuadrado y se están vendiendo de modo ilícito 58 mil 791 067 metros cuadrados, lo que suma la cantidad de 146 millones 977 mil 667 pesos.

Sin embargo, Cyd Desarrollos Urbanos no tiene ningún derecho o atribución legal para haber realizado estas enajenaciones, por carecer de subrogación, refiere el documento de denuncia elaborado por los abogados del FMDVD.

José Humbertus Pérez Espinoza, presidente del FMDVD precisó en entrevista telefónica que esas operaciones ilícitas cuentan con el apoyo del actual presidente del Congreso del estado de México, Aarón Urbina Bedolla (ex presidente municipal de Tecámac); de Vicente Urbina Bedolla, actual secretario del mismo ayuntamiento, y por la actual alcaldesa de ese municipio Rocío Díaz Montoya.