El desproporcionado operativo de seguridad aplicado por elementos del Estado Mayor Presidencial y la Policía Federal en las inmediaciones del Zócalo capitalino el pasado 15 de septiembre, durante los festejos por el 204 aniversario del inicio del movimiento de Independencia, que incluyó la revisión niños de dos años de edad y hasta bebés, fue una franca violación a los derechos humanos de los menores, los cuales están estipulados en la Convención sobre los Derechos de la Infancia de Naciones Unidas, que el Estado mexicano está obligado a cumplir.

Señaló lo anterior Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), quien agregó que de ese modo las autoridades federales violaron los derechos a la intimidad, privacidad, integridad y dignidad de los infantes.

El activista aseveró que los acuerdos internacionales de garantías para la infancia asientan claramente que los menores de edad no pueden ser objeto de tocamientos, ni siquiera por parte de policías.

Esta revisión dejó a las niñas y los niños, sobre todo a los más pequeños, el terrible mensaje de que son potencial riesgo para cualquier evento. Se trata de un claro abuso de autoridad, y las familias, al desconocer sus derechos, quedaron en indefensión, pues pudieron negarse a que se inspeccionara a los menores.

Pérez agregó que los niños pueden tener secuelas cognitivas delicadas.

“Que los toque una persona que no es su familiar, sobre todo si está uniformado –lo que seguramente se dio en un estilo duro, como el que usan los policías en estos casos– genera un impacto negativo, porque los hace sentir culpables. La revisión implica que algo tomaron, que representan un peligro”.

Este hecho, agregó el activista, evidencia lo que diversas organizaciones civiles, tanto nacionales como internacionales, hemos venido señalando desde hace tiempo: que México necesita un sistema de garantías de derechos para este sector, que lleva a todas las dependencias del Estado, incluidas las de seguridad, a tener claro que existen derechos humanos, particularmente para la infancia, los cuales se deben respetar.

Para Pérez la actuación del gobierno mexicano en el caso de la infancia es simplemente asistencialista, pero la atención se deja al DIF, cuando las instancias de seguridad y el resto de las autoridades deberían respetar y garantizar los derechos de los niños.

Exhortó a las autoridades federales a reconocer el error del operativo, a iniciar una investigación ante las violaciones a los derechos de la infancia, así como a sancionar a quien corresponda y sobre todo a dar garantías de que no se repetirá.

Hay que ubicar que se trató de un exceso. Si había sospecha de un peligro de tal nivel como para revisar a los niños, lo que correspondía, en un adecuado protocolo, era que no se permitiera la entrada a nadie al Zócalo, por el riesgo que podría implicar ese supuesto peligro (para los asistentes que pudieran concentrarse en ese espacio).

Finalmente, el director de la Redim llamó la atención sobre la iniciativa preferente enviada al Senado por el titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, referente a los derechos de los niños, la cual debe responder a este tipo de realidades.

“Sin embargo –agregó–, el proyecto no tiene un enfoque que garantice los derechos de ese sector.

El Ejecutivo debería entender la trascendencia de esta ley; hemos solicitado una audiencia para aportar con ideas y propuestas, pero hasta ahora no se nos ha respondido, expresó.