Personajes como Miguel Concha, Dolores González, Gilberto López y Rivas y Miguel Álvarez Gándara lamentaron que aun cuando recientemente en la Secretaría de Gobernación (SG) se hizo el compromiso de cumplir una sentencia judicial para localizar a Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR) desaparecidos desde mayo de 2007, hasta el momento no hay avances.

A pesar de que el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, se comprometió el pasado 4 de agosto a definir una propuesta de ruta de trabajo para facilitar el cumplimiento de la sentencia del Poder Judicial de la Federación para este caso paradigmático de desaparición forzada, hasta la fecha, y no obstante la reunión llevada a cabo hace unos días con el equipo de abogados, no se ha avanzado en ese proceso.

En un comunicado dirigido a la opinión pública, los activistas, quienes fueron invitados por el EPR a formar un grupo que dé seguimiento a la resolución judicial, recordaron que dicha sentencia consiste en conformar una comisión especial de búsqueda; realizar visitas a los lugares de posible detención y ocultamiento de los desaparecidos, en especial instalaciones castrenses; tomar declaración a los funcionarios civiles y militares que hubieran estado en funciones el 25 de mayo de 2007, fecha en que ocurrió la desaparición forzada de ambos eperristas en Oaxaca, y que se informe sobre posibles exhumaciones realizadas en instalaciones del Ejército para saber si corresponden con los desaparecidos.

Este incumplimiento a la palabra empeñada es más preocupante en el ambiente represivo que se vive en el país y que se expresa, entre otras cosas, en la falta de voluntad política para abrir espacios de diálogo efectivos.

El documento también es suscrito por Santiago Corcuera Cabezut, Pablo Romo Cedano, Luis Daniel Vázquez, Leonel Rivero Rodríguez y Sandino Rivero Espinoza, así como por Margarita Cruz Sánchez y Nadin Reyes Maldonado, por los familiares de ambos desaparecidos.

Resaltaron que, como comisión, solicitarán, por medio de los abogados y ante el juez de amparo encargado de conocer el asunto, que se cite a las 28 autoridades señaladas como responsables, para efectos de la conformación de la comisión especial de búsqueda.

Señalaron que han compartido la información con que cuentan sobre el caso con la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y con el Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Además, apuntaron, continúan en espera de que el EPR haga llegar la información sobre el caso que dice tener en su poder, de lo cual dio cuenta en un comunicado emitido el pasado 14 de julio.