Los Cabos, BCS, 18 de septiembre.

La seguridad en el estado por los actos de rapiña y vandalismo tras el paso del huracán Odile se convirtió hoy en el primer frente de acción del gobierno federal. El agua y la electricidad siguen faltando. La población los reclama con desesperación y las autoridades no aventuran poner plazos para su total restauración.

Al mismo tiempo, el presidente Enrique Peña Nieto planteó conseguir, a lo sumo en 48 horas, la reapertura de las actividades comercial y bancaria. Hoy mismo firmó además el decreto por el cual concede beneficios fiscales, acelera créditos, agiliza el pago de seguros, concede tregua de un semestre a los créditos hipotecarios del Infonavit y de tres meses para el pago de IVA, ISR, IEPS y pago de cuotas obrero patronales al IMSS.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informó de la presencia aquí de 8 mil uniformados de las fuerzas armadas y de la Policía Federal (PF), particularmente en Los Cabos, para ‘‘dotar de seguridad a las colonias, comunidades y fraccionamientos. Además, están en comunicación con empresas y centros comerciales para darles protección y condiciones de pronta reapertura’’.

Seguirán aquí, anticipó, el tiempo necesario. ‘‘No se moverá a ningún elemento’’ hasta el restablecimiento total de la seguridad ciudadana.

Horas antes, el propio Osorio había informado sobre la detención de siete personas en Los Cabos y 12 en La Paz por los actos de saqueo y vandalismo. Los titulares de Defensa, general Salvador Cienfuegos, y de la Marina, almirante Vidal Soberón, dijeron no tener noticias de acciones ciudadanas de autoprotección.

A primeras horas de la tarde, en Todos Santos, la pregunta del presidente Enrique Peña Nieto a los vecinos sobre cuál constituye en estos momentos su mayor urgencia tuvo respuesta unánime: ‘‘¡agua!’’

Pese a la costumbre de vivir en esta zona calurosísima, la falta del líquido y los más de 35 grados a la sombra empiezan a hacer mella en una población ubicada en la absoluta lejanía y sin ninguna posibilidad de una pronta reactivación de sus principales actividades económicas: el turismo de surfistas y la pesca.

Acompañado por nueve secretarios de Estado y tres directores de organismos públicos (CFE, Conagua e Infonavit), el presidente Peña Nieto se tomó todo el tiempo para hablar con la gente y escuchar peticiones mucho más allá de lo relacionado con los daños causados por Odile, como el miedo que ha causado aquí la noticia de la posible explotación de una mina. ‘‘Que no se permita’’, le pidieron.

Los pobladores siguieron acercándose y desde una camioneta, y más tarde, a la salida de un albergue, el mandatario ofreció restablecer cuanto antes las condiciones de normalidad en la población y reconstruir ‘‘para ir más allá de lo que teníamos anteriormente’’. Al mismo tiempo, la expresión de Enrique Ochoa, de CFE, y de David Korenfeld, de Conagua, no reflejaba mucho optimismo.

El primero comentaba de la pérdida por el meteoro de 550 líneas de transmisión, la mayor en la historia de la comisión, y reportaba el restablecimiento en 70 por ciento del fluido eléctrico en el norte del estado, de 40 por ciento en la parte central, pero todavía escaso avance en la zona de Los Cabos. Aquí, además, el servicio telefónico es también escaso.

A su vez la Conagua, cuya labor depende totalmente de la electricidad, no había podido a esa hora restablecer el funcionamiento de la desaladora de Los Cabos y apenas tenía ahí cuatro pozos a prueba. Más tarde se informó que la CFE tiene trabajando aquí a 2 mil 25 técnicos y 100 plantas de luz de emergencia.

Ya la mitad de La Paz tiene agua, pero apenas 20 por ciento dispone del líquido en Los Cabos. Al cierre de hoy, en esta atribulada entidad ya se han repartido 13 mil 500 despensas, 24 mil botellas de agua. Está en marcha un censo de viviendas para reparar afectaciones y tramitar seguros.