os próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se realizarán en noviembre de 2014 en el puerto de Veracruz y en otras ciudades del estado –principalmente Xalapa y Córdoba– son motivo de descontento y protesta de diferentes grupos de la sociedad veracruzana, por las razones que se exponen a continuación.
En una parte de 2013 y la totalidad de 2014, el gobierno de la entidad ha suspendido los pagos a la mayor parte de las empresas que proporcionan bienes y servicios a las diferentes instituciones del estado, así como a los trabajadores que no cuentan con plazas, y pagan de manera irregular e incompleta a los empleados con plaza, con la excepción de los que realizan funciones de seguridad.
Lo anterior, desde luego, transgrede la normatividad del uso de recursos presupuestales, tanto federales como locales, que habiendo sido destinados y comprometidos para otras funciones se estén utilizando para la construcción de instalaciones, los cuales a mes y medio de la llegada de los deportistas, distan de estar concluidas.
La normatividad vigente para la utilización del presupuesto federal implica que antes de concluir el año anterior, y de acuerdo con calendarios establecidos, las instituciones de gobierno deben preparar sus presupuestos, indicando específicamente los objetivos, partidas y conceptos a que habrán de ser destinados. Estos documentos son conjuntados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal, la cual los presenta al Congreso de la Unión para su discusión y aprobación.
Una vez dado por bueno el presupuesto, los recursos federales son distribuidos de acuerdo con los calendarios también aprobados, con objeto de que los gobiernos de los estados hagan uso de ellos de acuerdo con las finalidades establecidas, para el pago a los trabajadores y a los proveedores de bienes y servicios contratados conforme a la normatividades vigentes. Esto implica que el uso actual de recursos que está haciendo el gobierno de Veracruz está expresamente prohibido por las normas y leyes establecidas, y es responsabilidad de los funcionarios de las contralorías del estado y de la Secretaría de la Función Pública evitar este tipo de irregularidades, lo cual tampoco ha ocurrido.
Huelga decir que el manejo de los recursos de origen estatal está sujeto al mismo tipo de normatividad. En este caso, los congresos locales son los que deben recibir, discutir y en su caso aprobar los presupuestos respectivos, por lo que tampoco los dineros de las entidades pueden ser desviados a fines diferentes de los aprobados.
Lo más extraño del caso es que dada la magnitud de las obras a realizar, el gobierno del estado, seis años después de haberse comprometido a la realización de los juegos, aparentemente no hubiera presentado en 2012 ni en 2013 un presupuesto para tales fines ni al Congreso de la Unión ni al local de los recursos que eran necesarios para su realización, pues si hubieran sido aprobados, no tendría por qué recurrir a la utilización de otras partidas y de dinero asignado para fines distintos.
Todo esto nos lleva a concluir que el manejo que los funcionarios de Sefiplan han venido haciendo del presupuesto ha sido ilegal, arbitrario y de abuso de autoridad, contrario al estado de derecho que debe imperar en nuestro país. Si analizamos las posibles razones por las cuales el dinero para los juegos ha sido tomado de recursos etiquetados para otros fines, en lugar de contar con un presupuesto específico para ese objetivo, nos encontramos que sólo pueden ser las siguientes:
Incapacidad de los funcionarios de gobierno para dimensionar el tamaño del problema al que se iban a enfrentar, así como de los daños que iban a causar a la economía del estado y a la población en general con la realización de las prácticas descritas. Gracias a la investigación de MVS dada a conocer por Carmen Aristegui en días pasados, sabemos hoy que la cantidad estimada por el gobierno es de 2 mil 900 millones, aunque no ha quedado claro si algo de esto se debe a la actuación de la empresa Espectra, curiosamente relacionada, por cierto, con las primeras actividades de James Bond.
Olvido irresponsable de solicitar los recursos mencionados, lo cual nos conduce a conclusiones similares a las anteriores.
Que los presupuestos, si hubieran sido presentados pero no hubieran sido aprobados –en cuyo caso era responsabilidad del gobierno de Veracruz informar la situación a las autoridades internacionales respectivas–, se declinara el compromiso de realizar los juegos, en virtud de carecer del dinero para ello.
Si el presupuesto no hubiera sido presentado en virtud de que los recursos le hubieran sido entregados al gobierno de Veracruz anteriormente y hubieran sido utilizados para otros fines, requeriría que se hiciese la investigación y se actuara en consecuencia, reparando los daños y el castigo que actualmente están sufriendo la sociedad veracruzana y la entidad misma en su conjunto.
Por todo esto, resulta fundamental que el gobierno de la República y la Auditoría Superior de la Federación intervengan en esta difícil y penosa situación, para asegurar la realización de los juegos, garantizar la seguridad de los atletas y hacerse cargo de vigilar la reparación de daños a los trabajadores y empresas veracruzanas, por parte del gobierno local
