Organismos empresariales e instituciones académicas hicieron diversas propuestas a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) sobre la nueva regulación y procedimientos que deberá aplicar, derivada de la reforma constitucional en la materia. En la consulta que realizó el organismo, los entrevistados manifestaron su preocupación porque algunos conceptos o criterios planteados por la comisión antimonopolios provoquen riesgos a las empresas, atenten contra la certeza jurídica o propicien actuaciones arbitrarias de la autoridad reguladora.

Así lo indica la propia Cofece en un informe interno sobre los resultados de la consulta pública que realizó del 10 de julio al 20 de agosto sobre el Anteproyecto de las Disposiciones Regulatorias de la Ley Federal de Competencia Económica.

Calificó la consulta de exitosa y útil, porque servirá para enriquecer el anteproyecto, aun cuando las propuestas no tienen carácter vinculante, pero serán analizadas para elaborar la regulación que será perfeccionada para ofrecer mayor certeza jurídica e impedir diversidad de interpretaciones. Luego será votada por el pleno de consejeros.

Parte importante de los comentarios se refiere a que algunos de los artículos propuestos podrían tener interpretaciones que despertaron preocupaciones entrre los entrevistados. El estudio de dichas interpretaciones fue importante, pues se identificaron riesgos tanto para los agentes económicos (empresas) como para el buen funcionamiento de la Cofece, indicó el organismo. Para resolver el problema se plantearon aclaraciones al lenguaje así como correcciones en la redacción del anteproyecto, para darle certeza jurídica.

De los 173 artículos del anteproyecto, detalló que 100 recibieron comentarios específicos en materia jurídica y económica, y los restantes 73 (42 por ciento del total) no fueron mencionados. Las propuestas sumaron en conjunto 150 páginas y participaron distintos sectores sociales como confederaciones patronales –cuyo nombre no precisó–, colegios de profesionistas nacionales e internacionales, instituciones académicas, firmas de practicantes y ciudadanos.

Hubo opiniones que consideran excesiva la carga para las empresas en los casos de concentraciones, poco claras las obligaciones impuestas, y plantean publicar métodos de cálculo para determinar el grado de concentración, reveló el organismo. Algunos participantes presentaron observaciones generales con preocupaciones sobre la claridad de los procedimientos de la Cofece o sobre la protección de ciertos derechos de defensa, señaló.

Incluso mencionó que algunas de las opiniones advierten sobre riesgos de que algunas normas del anteproyecto puedan ser contrarias a la Constitución o a las normas de la LFCE .