iempos difíciles vive el otrora intocable Germán Larrea Mota Velasco. Delincuente ecológico durante décadas, al igual que su padre, del que heredó el imperio del cobre (ironías del juniorismo, pues su principal adversario directo, Napoleón Gómez Urrutia, ahora sedicente héroe proletario, también recibió por esa vía dinástica el negocio sindical minero), ha entrado en crisis a causa de los derrames tóxicos en Sonora, que han permitido a la administración Peña hacer reajustes ejemplarizantes con uno de los principales multimillonarios del país.

Además de imponerle sanciones económicas cuantiosas y de exhibirlo negativamente a través del Ministerio Televisivo de la Verdad Oficial (el ministerio de las estrellas), se aplicó a Larrea un castigo con tufo a episodio de novela siciliana, pues su rostro largamente mantenido a resguardo de las miradas colectivas fue dado a conocer por el área de prensa de Los Pinos, en una suerte de decreto gráfico de vulnerabilidad regulable a discreción por el cesarismo empeñado en demostrar públicamente el poderío de su pulgar sentenciador, que en esta ocasión se ha mostrado (provisionalmente) hacia abajo condenando a (temporal) castigo al nocivo dueño del Grupo México.

En la orquestación del plan oficial contra el tóxico Larrea y su apetecible Grupo México ha jugado un papel especial el ministerio antes mencionado, a cargo de Emilio Azcárraga Jean. Ya con la mira puesta en el indefendible Larrea, un buen día se multiplicaron los señalamientos del conflicto de intereses que significaría para el dueño del Grupo México el aspirar a contar con una cadena de televisión nacional y ser al mismo tiempo consejero de Televisa. Luego vino la renuncia oficial del depredador minero al asiento en la firma confeccionadora de las principales telenovelas políticas del país.

Tanto daño han causado Larrea y su grupo, y el propio mandatario sonorense, que casi no levantó polvo el nuevo golpe contra el federalismo asestado por Peña y su secretario Osorio Chong al negar autoritariamente en días pasados el cumplimiento de una audiencia concertada al gobernador de Sonora, el panista Guillermo Padrés, ciertamente impresentable, probablemente merecedor de diversas sanciones administrativas, económicas y penales, pero a fin de cuentas titular del Poder Ejecutivo en un estado oficialmente libre y soberano. Si Gobernación no está justamente para dialogar en casos políticamente críticos, como el sucedido en Sonora, entonces ¿para qué?

El desplante imperial de cerrar las puertas de Bucareli a un gobernador (por negativo e incompetente que fuera, como es el caso de Padrés) fue completado con el envío no de un comisario abiertamente intervencionista, como Alfredo Castillo en Michoacán, pero sí de un secretario del gabinete federal, el del Trabajo, el mexiquense Alfonso Navarrete Prida, para encabezar un grupo de trabajo dedicado a la remediación de la catástrofe contaminante en los ríos Sonora y Bacanuchi. Más allá de las banderías partidistas, e incluso de la conducta despótica y errática de un gobernador como Padrés, resulta preocupante la vocación faraónica en Los Pinos respecto de los poderes estatales, pues de manera recurrente se están utilizando mecanismos sesgados, contrarios al espíritu republicano, para imponer la voluntad de la administración federal sexenal. A ese paso, y dada la catastrófica situación nacional, EPN acabará nombrando un comisionado personal en cada entidad federativa.

También parecen desproporcionados los trazos de nuevo paraíso (presuntamente recuperado) que hacen y presumen los enviados del gobierno federal a Baja California Sur. Pareciera que el camino para la prosperidad desbordada tuviese como condición necesaria la irrupción de catástrofes, pues así como la narrativa sexenal respecto de hechos delictivos relacionados con el crimen organizado prefiere la opacidad e incluso el ocultamiento sistemático de hechos graves (aunque en Tlatlaya han brotado evidencias de lo que cotidianamente sucede), ahora la relatoría de los planes de rescate por desastres meteorológicos se asigna fanfarrias y tonos épicos, en una especie de concurso entre declarantes oficiales para ver cuál ofrece mejores fórmulas para ayudar a los dañados y mejorar de manera nunca vista sus niveles de vida.

Para desgracia de esos heraldos de la abundancia posterior a las desgracias, testimonios como los de Guerrero no avalan las epopeyas retóricas pues, ha de recordarse, un año atrás hubo encendidas promesas de Enrique Peña Nieto y del gobernador Ángel Aguirre Rivero (a propósito, felicitaciones al mandatario, pues en arreglo con los chuchos se postulará candidato a la presidencia municipal de Acapulco a su hijo del mismo nombre) de que se investigaría y castigaría en breve plazo a las empresas que construyeron casas en colonias de la zona Diamante del famoso puerto y que se inundaron al paso de la tormenta Manuel, sin que a la fecha haya un solo resultado. Así está el país, lleno de promesas incumplidas que en su momento se anunciaron pomposamente.

Lo que nuestro país necesita es justicia. Es decir, castigo a gobernantes (federales y estatales) y a empresarios corruptos y abusivos (como Padrés y Larrea), auténticos planes de remediación ecológica y de ayuda a pobladores damnificados, pero no el uso oportunista de estos episodios para ajustes mafiosos de cuentas, planes electorales de reinstalación del PRI en lugares donde ha perdido e incluso maniobras de sustitución de ciertos actores económicos por personajes y firmas cercanas a los intereses del centralismo voraz.

Y, mientras Alejandro García Ruiz, un priísta que fue diputado local en Chiapas, se suma a la nómina de declarantes infames, al decir en un programa de radio donde es uno de los conductores que todas las leyes tienen lagunas y, como se dice desgraciadamente, las leyes, como las mujeres, se hicieron para violarlas, ¡hasta mañana, con una de las catadoras de las comidas de Hitler, Margot Wölk, asegurando que Adolf era vegetariano (http://bit.ly/1yixwoQ)!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Hernández

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx