El PRI en la Cámara de Diputados informó que se endurecerá la legislación en materia minera, de ecología y aguas, para que en las sanciones a empresas que contaminen se tome en cuenta el monto de sus ganancias.

El coordinador de la bancada tricolor, Manlio Fabio Beltrones, sostuvo que el derrame de tóxicos por Grupo México es el mayor desastre ecológico en la historia de la minería en el país, sin que hasta ahora se hayan cuantificado y remediado totalmente el daño ambiental y las afecciones a la vida comunitaria y las actividades productivas de la región.

Mientras, la comisión especial que indagó la contaminación había alertado en su informe –votado la semana anterior– que Grupo México no había reparado el represo roto y que únicamente había levantado bordos de tierra para detener el derrame, en violación a la normatividad ambiental vigente.

Entre sus conclusiones, el grupo de trabajo resaltó: Esta comisión especial detectó diversas irregularidades por parte de Grupo México.

Paquete legislativo

Ayer Beltrones resaltó que los diputados del PRI trabajarán en un paquete legislativo que fortalezca al Estado mexicano en sus capacidades regulatorias y de sanción, de acuerdo con el daño ambiental, las afecciones económicas y sociales y en proporción a las ganancias percibidas por la empresa que tenga la concesión de una mina, para garantizar el principio básico de que pague quien contamine.

El informe, aprobado por el pleno, recoge la urgencia de que las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados presenten un paquete legislativo que eleve los montos de las multas y sanciones y permita al Estado actuar con prontitud. Una legislación que cuente con un protocolo claramente definido de los pasos a seguir en caso de cualquier contingencia, y que incluya al menos cinco principios.

Éstos son, conforme al documento, sanciones y multas de acuerdo con el daño generado, proporcional a las ganancias y la reincidencia en delitos; la suspensión inmediata de actividades ante una contingencia ambiental, en tanto no se realice una investigación que permita el deslinde de responsabilidades; fortalecer la capacidad de las autoridades para aplicar multas y sanciones de manera directa e inmediata.

Asimismo, dejar clara la responsabilidad de que la empresa contaminante pague no sólo la remediación ambiental y la indemnización de las personas afectadas, sino la recuperación económica, ambiental y social de una comunidad, y la pérdida de la concesión de quien contamine y ponga en riesgo los ecosistemas y la vida humana.