En una sola semana, la comisión especial de la Cámara de Diputados que investiga el derrame de desechos tóxicos por parte de la mina Buenavista del Cobre en dos ríos de Sonora entregó resultados sobre el origen del daño y presentó recomendaciones, lo que contrasta con el trabajo de las otras 34 comisiones especiales legislativas, que cuestan al año casi 16 millones de pesos sólo para operación.

‘‘Hay interés político del PRI por avanzar en investigaciones de hechos concretos’’, explicó el presidente de la comisión especial del caso Monex, Roberto López Suárez (PRD).

En entrevista, el legislador afirmó que en la pesquisa iniciada desde 2012 por la triangulación de recursos a la campaña de Enrique Peña Nieto, el tricolor –aliado con PAN y PVEM– se dedicó a boicotear los trabajos, pero informó que pronto se presentará el informe definitivo.

‘‘Vamos a incluir nombres de los presuntos involucrados, como antes señalamos a las empresas fantasma utilizados por el PRI y Banca Monex’’, adelantó el perredista.

Grupos de trabajo, como el encargado de investigar el incendio de la guardería ABC o la corrupción en Petróleos Mexicanos (Pemex) a través de Oceanografía, padecen la misma situación.

‘‘En Cananea se cometió un crimen ecológico. Sin exculpar a Germán Larrea (propietario de Grupo México), parece que no se busca justicia, sino un ajuste de cuentas político en la cúpula del poder. Con todo, debe buscarse el retiro de la concesión’’, dijo el vicecoordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja.

Es evidente, refirió, que en asuntos incómodos, como las irregularidades en Pemex, la estrategia es romper el quórum no asistiendo a las reuniones e impedir las sesiones respectivas.

Explicó que, en contraste, hay un avance considerable en el trabajo de la comisión especial que indaga los permisos para operar casinos en el sexenio de Felipe Calderón, especialmente en los últimos días de su mandato, a través de la Secretaría de Gobernación. ‘‘Lo que ha detenido el resultado de esta comisión ha sido la agenda legislativa, pero en los próximos días presentaremos la iniciativa para regular el juego y a los casinos en México’’, informó.

Mientras, López Suárez recordó que incluso el PRI quiso destituirlo de la presidencia de la comisión del caso Monex. ‘‘Donde hay un interés político, el Revolucionario Institucional avanza en las investigaciones, si ello no afecta a sus gobiernos o al grupo en el poder’’, añadió.

En la comisión que investiga los contratos de Pemex con Oceanografía, explicó a su vez Mejía Berdeja, ‘‘todo parece indicar que hay un pacto de impunidad entre PRI y PAN’’, porque, señaló, el dueño de la empresa, Amado Yáñez, es asesor del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

Sin embargo, expuso, no es el único caso de corrupción en Pemex. ‘‘Por eso, el pasado jueves 18 presentamos ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia de hechos por ineficacia del jurídico de Petróleos Mexicanos en el litigio internacional que mantiene desde más de 10 años con el consorcio Comproca, formado por la empresa alemana Siemens y la coreana Sunkyong Group’’.

Detalló que la denuncia contra funcionarios de Pemex se debe al probable uso indebido de un millón 500 mil pesos para el pago de un abogado que mediaría con testigos en el caso, dentro de un proceso plagado de errores por parte de la petrolera, que ahora está obligada a pagar 500 millones de dólares a Siemens.

En la Cámara de Diputados, además de las 56 comisiones ordinarias, los partidos autorizaron la creación de 35 especiales, a las que se entregan cada año 15 millones 700 mil pesos, además del automóvil, teléfono celular, vales y asesores que se otorgan a cada uno de sus presidentes.