El senador Alejandro Encinas, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dirigió una carta al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en la cual le solicita que envíe toda la información de que disponga la dependencia a su cargo sobre la presunta ejecución de 22 ciudadanos perpetrada por elementos del Ejército mexicano, “lo que no puede quedar impune, pues pone en riesgo las garantías y derechos fundamentales de los mexicanos, al tiempo que denigra el desempeño de las fuerzas armadas.

Confío en que coincidiremos en que la justicia por propia mano y las ejecuciones sumarias no están permitidas ni pueden formar parte del desempeño de la autoridad en un Estado legalmente constituido, democrático y soberano. Que son inaceptables esas prácticas, ya sean cometidas por grupos delictivos, policías o por elementos de las fuerzas armadas, y que todo hecho de esa naturaleza que se presente en el país debe ser castigado conforme a la ley, destaca el legislador en la misiva, enviada el pasado viernes.

Encinas subraya que de confirmarse los sucesos, se constituirán en una de las peores ejecuciones extrajudiciales cometidas en el país por elementos del Ejército mexicano.

En la carta, el perredista refiere al secretario Osorio Chong que el pasado 9 de septiembre hice referencia a la denuncia de Amnistía Internacional, señalando que la violación a los derechos humanos y tortura persisten y se toleran en México, y de manera particular destaqué que resurgen acciones de violencia de Estado que no han sido debidamente esclarecidas y sancionadas.

Le recuerda que puso como ejemplo el enfrentamiento de las fuerzas armadas con presuntos delincuentes en el poblado San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, estado de México, el pasado 30 de junio, donde diversas fuentes periodísticas y organizaciones defensoras de los derechos humanos, como Human Rights Watch, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, han señalado que existen evidencias suficientes para presumir que más que un enfrentamiento se trató de la ejecución de 22 personas, sin que a la fecha el gobierno federal haya aclarado ni dado ninguna respuesta.