México llega a la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas (CMPI), que se inicia este lunes en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York –en cuya ceremonia de apertura participará el presidente Enrique Peña Nieto–, sin una ley que reglamente la consulta a los pueblos indígenas por medio de sus instituciones representativas, antes de aprobar cualquier proyecto o medida legislativa o administrativa que afecte sus tierras, territorios o recursos, aunque seguramente adoptará el documento final de la misma, en cuyo borrador se reafirma el compromiso de realizar dicha consulta.

Una encuesta ya establecía como obligatoriedad los artículos 6 y 7 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que México ratificó desde 1990, después de Noruega. Asimismo, el artículo 19 de la Declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas de 2007. Ambos instrumentos son ley en el país, pero las autoridades mexicanas han acabado homologando la consulta con foros, de los cuales salen conclusiones a modo. El diputado indígena Carlos de Jesús señaló en entrevista que dichos foros de ninguna forma pueden sustituir la consulta a cada pueblo por medio de sus propias autoridades y en su propio idioma.

En el párrafo tres del citado borrador de documento final, que de acuerdo con los usos y costumbres de la ONU y al programa de la CMPI sería aprobado al final de la sesión plenaria de este lunes, se estipula que la consulta a los pueblos indígenas en dichos términos se realizará a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado.

En el párrafo 17 se detalla el compromiso de los jefes de Estado y de gobierno, de los ministros y representantes de los estados miembros, a establecer en el ámbito nacional, conjuntamente con los pueblos indígenas, “mecanismos justos, independientes, imparciales, abiertos y transparentes para reconocer, fomentar y adjudicar los derechos de los pueblos indígenas en relación con sus tierras, territorios y recursos (…) antes del desarrollo o la utilización” de éstos.

Y, en el 18, se comprometen a abordar el impacto o potencial impacto de los grandes proyectos de desarrollo, incluidas las industrias extractivas, sobre los pueblos indígenas y asegurar la transparencia y la participación en los beneficios.

Este documento se estaba negociando con participación de la representación oficial mexicana ante la ONU desde antes y en paralelo con las reformas energética, de telecomunicaciones y otras que ponen en entredicho, cuando no son abiertamente violatorios de los derechos de los pueblos indios mexicanos.

Muchos pueblos indígenas han cuestionado las reformas: la más reciente la plasmaron 80 organizaciones de varios estados en el Encuentro Nacional del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, realizado en Olintla, Puebla.