Al momento, ninguna autoridad federal ni organismos de derechos humanos nacionales o extranjeros han requerido información del gobierno mexiquense sobre los hechos ocurridos el pasado 30 de junio, cuando 21 presuntos delincuentes fueron abatidos por miembros del Ejército Mexicano en el poblado San Pedro Limón, municipio de Tla-tlaya, al sur de la entidad.

Aseguró lo anterior el secretario general de Gobierno, José Manzur Quiroga, quien fue entrevistado ayer en el municipio de Zinacantepec. El funcionario estatal respondió a las inquietudes de senadores, diputados y organismos internacionales –como Human Rigths Watch y Amnistía Internacional–, los que pidieron que se esclarezca cómo ocurrieron las muertes citadas.

Manzur Quiroga sostuvo que la administración de Eruviel Ávila Villegas se halla dispuesta a proporcionar los datos que recabó la Procuraduría de Justicia mexiquense cuando inició la investigación por estos decesos. Actualmente las pesquisas ya están a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR).

Previamente, en Atizapán de Zaragoza, el secretario de Gobierno indicó que en el sur de la entidad no se ha documentado caso alguno de ejecuciones, y lo que se tiene es el registro de un enfrentamiento entre el Ejército y presuntos delincuentes.