Carece Danhos de autorización para las obras en el predio de 4,200 metros cuadrados
La autoridad cedió el espacio a cambio de que construyan instalaciones para un MP y Granaderos
Miércoles 24 de septiembre de 2014, p. 39
Sin contar con ninguna autorización –manifestación de obra, impacto ambiental y urbano– la empresa Danhos construye la ampliación de la plaza comercial Parque Delta y un estacionamiento para mil vehículos en el predio, donde anteriormente se encontraba la octava delegación de la policía capitalina, cuyo inmueble fue demolido a principios de este año, a pesar de estar catalogado por el INAH por su valor artístico.
El terreno de 4 mil 200 metros cuadrados, ubicado en Cuauhtémoc y Obrero Mundial, fue cedido por la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario del Gobierno del Distrito Federal a la empresa a cambio de que en el lugar se edifiquen las nuevas instalaciones de la coordinación territorial Benito Juárez III.
A partir de las quejas vecinales, por la poca claridad en que se desarrolla este proyecto, el caso es investigado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), que ha documentado una serie de irregularidades, pues ninguna dependencia capitalina tiene registro de la existencia de esta obra, salvo una autorización de demolición tramitada en la delegación Benito Juárez, a través de Patrimonio Inmobiliario, por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) local y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
Según la investigación realizada por el organismo defensor de los derechos humanos, el inmueble fue desincorporado del dominio público por el comité de patrimonio inmobiliario en una sesión realizada el 14 de noviembre de 2013, con la finalidad de aportarlo a un fideicomiso de administración irrevocable –de carácter privado–, que entre otros fines, prevé la adquisición del predio.
Dicho fideicomiso es el 1629; se formalizó en julio de 2013 en el estado de México en la notaría 105 y está constituido por el Banco Invex SA y sus fideicomitentes son David Daniel Kabbaz Chiver y Salvador Daniel Kabbaz Zaga.
Con la desincorporación, la ex sede de la octava delegación será ocupada para la ampliación de la plaza comercial Parque Delta. El proyecto, a cargo del Grupo Arquitech, perteneciente a la empresa Danhos, contempla una construcción de 11 niveles, con un espacio para locales comerciales y un estacionamiento público con capacidad para mil automóviles.
Las actuales y las nuevas instalaciones de la plaza comercial estarán conectadas, según lo previsto, por un puente aéreo y uno más subterráneo, según consta en los planos de la edificación, cuya copia posee este diario.
A cambio de ello, la inmobiliaria se compromete construir en la parte frontal del terreno, sobre avenida Cuauhtémoc, oficinas del Ministerio Público, Justicia Cívica y del cuerpo de Granaderos.
En su argumentación a favor de la desincorporación, la Oficialía Mayor expuso, entonces, en el comité de Patrimonio Inmobiliario, que a cambio de transmitir
parte del terreno se obtendrían instalaciones de primer nivel
, en condiciones inmejorables
, sin tener que aportar recursos para ello.
Aunque dicho trato no se ha publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en un recorrido, se pudo constatar que ya iniciaron los trabajos de excavación en el terreno, que se encuentra tapiado en una manzana a la redonda, sin que se exhiba en la obra ningún tipo de autorización para ello.
En uno de los accesos, sólo se puede observar una placa, en la que se indica que se trata de una licencia especial expedida para el 13 de diciembre de 2013 y con vencimiento al 21 de febrero de 2014, expedida exclusivamente para la demolición del inmueble que albergaba a la octava delegación. También en ella, se ostentan como propietarios del predio, la procuraduría capitalina y la SSP local.
De acuerdo con las diligencias hechas por la CDHDF, se consultó a la procuraduría capitalina para conocer su participación y señaló que desconocen qué tipo de obra se realiza y cuál es la situación jurídica del predio.
Una situación similar sucedió al acudir con otras dependencias capitalinas como las secretarías de Medio Ambiente (Sedema), Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y Obras. En resumen, observa el organismo, existe una falta de certeza y seguridad jurídica en cuanto al dominio y posesión del inmueble y sobre quién está realizando la obra, pues se desconoce si se trata de un ente público o privado el responsable.
De acuerdo con la información proporcionada por la propia Seduvi, al ser un predio con una superficie superior a los 4 mil metros cuadrados, antes de que se emita cualquier manifestación, licencia o autorización de demolición o construcción, quienes llevan a cabo la obra requieren de un dictamen en materia de impacto urbano o ambiental, de los cuales no se tiene registro.
