Defensores de derechos humanos consideraron que la detención de otro integrante de la tribu yaqui se inscribe en el uso político de la justicia, y precisaron que estos problemas se derivan, particularmente, de la violación del derecho a la consulta que tienen estas comunidades de acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Raúl Ramírez Baena, director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, fue asesora a la comunidad indígena cucapá, de Baja California, por la prohibición para pescar en la reserva del Alto Golfo de California y río Colorado, indicó que el fondo de estas situaciones es la no realización de la consulta a las etnias; previa, libre e informada que establece el referido convenio.

La consulta es una realidad en México, y esto mismo ocurre con la comunidad yaqui y otros pueblos indígenas que se ven afectados por disposiciones oficiales, macroproyectos, problemas de carácter ambiental, presas, minas y ríos donde se trastocan sus derechos al uso, disfrute y explotación de sus territorios tradicionales.

Édgar Cortez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia aseguró que la detención de líderes yaquis es la expresión del uso político de la justicia, es decir, aplicarla para castigar, encarcelar, aplastar las expresiones de oposición.

Destacó que en el sistema actual, en el que procuradurías dependen del gobernador, donde las investigaciones que hacen fácilmente fabricar culpables, se puede usar la justicia con fines políticos y me parece que ese es el caso.

Apuntó que este tipo de aprehensiones tienen como propósito tratar de que las organizaciones tengan que dedicar energía, tiempo y trabajo en liberar a sus dirigentes y eso le dé una ventaja, en este caso al gobernador de Sonora, en la imposición que quiere hacer del aprovechamiento del agua.

Ramírez Baena agregó que cuando no hay consulta como último recurso, luego de que se agotaron las vías jurídicas, el diálogo y la denuncia pública, se ven obligados a recurrir a la resistencia civil. Aquí los cucapás han bloqueado la carretera Mexicali-San Felipe.

Lamentó que el Estado mexicano, en lugar de hacer valer los derechos indígenas opta por la represión física y judicial, y aseguró que las detenciones de líderes yaquis se enmarca en ésta última, donde los cargos que se imputan muchas veces son arbitrarios y tienen más un componente político que de resolución; incluso hay venganza política de gobernantes intolerantes, a los que les incomoda que se les critique o se genere un movimiento social.

El martes pasado elementos de la policía estatal de Sonora detuvieron a Fernando Jiménez Gutiérrez, a quien acusaron de los delitos de secuestro y robo, mismos cargos por los que fue aprehendido el 11 de septiembre pasado Mario Luna Romero, vocero de la tribu yaqui.