El jefe delegacional en Benito Juárez, Jorge Romero, afirmó que no había ningún impedimento para evitar la demolición del edificio que albergaba la octava delegación policíaca, ubicada en avenida Cuauhtémoc y Obrero Mundial, ya que, explicó, en la información enviada por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) la edificación no se encontraba enlistada en el catálogo de inmuebles con valor artístico.

El servidor público sustentó su argumento en un oficio que giró la directora de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble del INBA, Dolores Martínez Orralde, el 4 de noviembre de 2013, al director de Desarrollo Urbano delegacional, Jorge Carlos Acuña Ramírez, con una relación estimada de las construcciones con valor artístico, que había requerido la autoridad, para incorporarla al nuevo programa delegacional, en el que efectivamente el inmueble en cuestión no aparece.

Sin embargo, el delegado Jorge Romero omitió comentar sobre la existencia de otro oficio, también enviado por la misma funcionaria, con fecha de entrega del 29 de octubre de 2013, en el que a petición de información expresa sobre el edificio en avenida Cuauhtémoc y Obrero Mundial, se dirige al director de Obras y Desarrollo Urbano de la delegación, René Aridjis Vázquez, para detallar que esa construcción estaba incluido en la relación del INBA de inmuebles con valor artístico desde el año de 2004.

Por lo anterior, cualquier tipo de intervención que desee realizarse en el inmueble, deberá contar con el visto bueno de esta dirección, advierte la funcionaria del INBA en el documento enviado.

Ayer, en entrevista telefónica, el jefe delegacional reconoció que recibió del INBA la petición de hacer una verificación y frenar la demolición de la sede de la octava delegación, pero a destiempo, porque cuando acudieron al sitio ya se había destruido.

No se puede detener jurídicamente lo que materialmente es un acto consumado, expuso.

El oficio fue emitido el 9 de diciembre de 2013 y recibido el 19 de diciembre en la delegación, cuando ya se había expedido la licencia de demolición, pero, según la versión de los vecinos, el derribo comenzó a principios de 2014.

Romero indicó que la construcción que se realiza en avenida Cuauhtémoc y Obrero Mundial es una obra pública –a cargo de la procuraduría capitalina y del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal–, por lo que está exenta del reglamento de construcción y no necesita de la manifestación de obra que se exige cuando es de carácter privado.

Se ha publicado que se va a realizar un estacionamiento de la plaza de enfrente, pero lo que va a ocupar ese espacio son los nuevos juzgados de juicios orales y no de un particular. Que después quieran un convenio con un particular es otra cosa, pero quien construye es el gobierno, expresó el jefe delegacional.

En ese sentido, también señaló que todo lo que tenga que detenerse, avanzarse o modificarse tras los hallazgos arqueológicos en el sitio, serán acuerdos a los que tiene que llegar el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) con la administración central.