Los indicios de una probable masacre –como se publicó ayer en La Jornada con una serie de imágenes– en Tlatlaya, estado de México, generaron en la Cámara de Diputados demandas para que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investiguen a fondo los hechos ocurridos el pasado 30 de junio, y se castigue la impunidad, en caso de existir.

Los coordinadores parlamentarios del PRI y del PRD, Manlio Fabio Beltrones y Miguel Alonso Raya, respectivamente, consideraron necesario ahondar en las pesquisas, y en la constitución pronta de un grupo de trabajo, integrado por legisladores que contribuyan a esclarecer aquellos hechos.

El líder de la bancada del PRI resaltó la relevancia de haber arraigado a los militares que participaron en el enfrentamiento: “muy importante que el general secretario (de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos) haya tomado la decisión de arraigar a quienes supuestamente pudieran resultar responsables de lo que se denuncia.

Con esto se marca la voluntad que existe de no permitir la impunidad en ninguno de los casos en donde se presenten situaciones como éstas. Dejemos que la PGR y la CNDH hagan su trabajo profundamente, de tal suerte que no encontremos falsos culpables, o que no toleremos cualquier acto que haya violado la ley. Este acto señala lo que es la voluntad por parte del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, y la ha suscrito el general secretario, de no permitir que exista confusión e impunidad, indicó Beltrones.

La confirmación

Para Miguel Alonso Raya, el anuncio por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de que fueron detenidos ocho militares, puestos a disposición de un juez castrense y recluidos en el Campo Militar 1-A, en relación con la muerte de 22 personas en Tlatlaya, confirma la urgencia de crear el grupo de trabajo acordado en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, que dé seguimiento a este grave asunto.

El comunicado de la Sedena demuestra que tenemos razón en la urgencia de crear y hacer que funcione el grupo de trabajo acordado en la junta, que ayer se debió haber sometido a la aprobación del pleno, para contribuir a que se profundice, aclare y transparente este grave asunto que cuestiona al gobierno mexicano y al Ejército, no sólo ante la nación sino frente a otros países y organismos internacionales de defensa de los derechos humanos.

El presidente de la mesa directiva, Silvano Aureoles Conejo, se refirió al retraso en la conformación del grupo plural de trabajo en la Cámara de Diputados: No se retrasa, digo, nosotros en la mesa procesamos lo que nos envía la junta. En la mañana se nos informó que estaban procesando el acuerdo, y que tenían alguna dificultad para tener las firmas de los grupos parlamentarios; yo estuve esperando en el transcurso de la sesión que se entregara el acuerdo.

Para el vicecoordinador del PAN, Marcelo Torres Cofiño, es necesario que se esclarezcan estos hechos. Curiosamente ya han pasado casi tres meses sin que realmente tengamos un resultado positivo.

–¿Esta decisión podría dar un indicio o signo de que el Ejército está admitiendo responsabilidades?

–Hay ese indicio, dado que la propia Sedena está entregando a estos presuntos responsables; sin embargo, insisto, hay que agotar todas las instancias de cualquier procedimiento.