Organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos que se encuentran reunidas en la audiencia final del Eje de guerra sucia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), capítulo México, expresaron repudio por la “artera ejecución extrajudicial de estudiantes normalistas de Guerrero. Emitimos nuestra más enérgica protesta y condena ante estos hechos de flagrante violación de los derechos humanos y de terrorismo de Estado”.

Señalaron que policías federales, estatales y municipales arremetieron sin consideración alguna contra los estudiantes inermes, accionando sus armas de alto calibre a quemarropa, con premeditación, alevosía y ventaja, con el claro propósito de asesinarlos. Los resultados lamentables para nuestro pueblo son tres estudiantes y dos civiles muertos, 30 heridos de gravedad varios normalistas detenidos y una cantidad incierta de desaparecidos.

Subrayaron que estos hechos no son fortuitos ni aislados; obedecen a una política criminal diseñada desde Los Pinos, como parte de la guerra de baja intensidad que aplica el gobierno de Enrique Peña Nieto para tratar de desarticular toda voz de protesta y denuncia.

Aseguraron que “represión, asesinatos, masacres, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, persecuciones y ejecuciones extrajudiciales contra luchadores sociales, periodistas y defensores de derechos humanos son la carta de identidad de los gobiernos priístas, a quienes se suman ahora perredistas, como el de Ángel Aguirre Rivero”.