El proyecto de la nueva Ley Federal de Juegos y Sorteos (que será discutido el mes entrante en la Cámara de Diputados) daría a los actuales permisionarios de casinos la posibilidad de expandirse, en un periodo de dos años, incluso hasta su máxima capacidad autorizada.

También serían avalados los juegos en vivo porque la autoridad no tiene capacidad para supervisar todos los lugares en los que hoy en día se realiza tal actividad de manera clandestina.

Ahora están registrados 340 casinos, y si los empresarios pudieran o decidieran multiplicar sus negocios, la cifra superaría los 800 locales.

Por determinación política de sus gobernantes, sólo tres estados del país no tienen centros de apuestas (Zacatecas, Oaxaca y Tlaxcala) y dos más (Chiapas y Coahuila) enfrentan litigios para evitar la reapertura de los que operaban en su territorio.

En el resto del país durante los años recientes, específicamente a partir de 2005, ha habido una expansión sin precedentes de estos negocios. En México hay más casinos que universidades (La Jornada, 15 de septiembre de 2014).

Marcela González Salas, titular de la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación (SG), explicó que la pretendida Ley Federal de Juegos y Sorteos Responsables (integrada por 220 artículos y 10 transitorios) no puede ser retroactiva, de ahí que se abrirá un periodo de 24 meses para que las actuales compañías canjeen sus autorizaciones: una por cada casino y no como ocurre con el marco legal actual, que una sola ampara la apertura de decenas de negocios.

El permisionario con un paraguas mayor vigente podría abrir en los próximos meses hasta 94 negocios.

En cuanto al juego en vivo, señaló que ya opera de manera clandestina, por lo que la única vía para regularlo es su legalización. Gobernación no cuenta con plantilla suficiente de inspectores para atajar esa modalidad, admitió.

–¿Por qué dejar esa bisagra para la expansión de los casinos cuando en México hay más negocios de ese tipo que universidades?

–Porque la ley no puede ser retroactiva; es lo más que logramos. Los permisionarios también se pueden ir a la Suprema Corte y decir: Yo tengo un permiso que me faculta abrir tantos casinos por 25 años. Ahora ya se acortó el plazo a dos años y la mayoría de los permisionarios lo están aceptando.

En opinión de la funcionaria (y así lo negoció con los empresarios) retirar todo el espectro de permisos para iniciar de cero, con la nueva ley, habría provocado un alud de conflictos en el Poder Judicial.

En entrevista con La Jornada, dijo que para abrir un casino se requiere la venia del ayuntamiento (o delegación política, en el caso del Distrito Federal), así como de los estados; sin embargo, aseveró, las autoridades locales cada vez son más estrictas para emitir las autorizaciones. Adicionalmente, la nueva ley de amparo impide obtener una suspensión (de clausura, por ejemplo) en el sector de juegos y sorteos.

En Baja California, la entidad con mayor número de este tipo de centros, ya hay un decreto para prohibir la apertura de alguno más, a menos que el permiso del uso del suelo se haya obtenido antes de mayo de 2012.

Ahí la preponderante es Administradora Mexicana de Hipódromo (de Jorge Hank Rohn y su socio Codere), cuyo permiso inicial es de septiembre de 1997 para un hipódromo y 65 centros de apuestas remotas con sala de sorteo de números. Actualmente tiene en operación un hipódromo y 49 salas. La vigencia es por 25 años y concluye en 2023; con la nueva ley podrá expandirse pero también canjear cada uno de sus establecimientos por un permiso independiente.

En Baja California Sur ya está prohibido el uso de suelo para ese fin, lo mismo que en Coahuila y Chiapas.

A pesar de que la nueva ley podría derivar en la apertura de más casinos, la estrategia de contención en este tipo de actividades se concentra en la ubicación y confiscación de las máquinas tragamonedas, ubicadas sustancialmente en pequeños negocios de barrio. Las autoridades calculan que en el país operan unos 175 mil aparatos de este tipo y hasta el momento han decomisado apenas ocho mil.

La funcionaria expresó al respecto: Lamentamos que alguien pierda su patrimonio, pero tenemos la certeza de que es una fuente de adicción al juego y de una actividad vinculada con otros ilícitos.