El sacerdote Miguel Concha Malo, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; Edgar Cortez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), y Mario Patrón, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), en entrevistas por separado condenaron el ataque de policías municipales de Iguala contra estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y demandaron una investigación ‘‘urgente y exhaustiva, porque los jóvenes no tenían armas ni hicieron ningún disparo’’.

Concha Malo sostuvo: ‘‘El PRD está obligado a deslindar responsabilidades, ya que tanto el gobierno del estado como el de Iguala son de ese partido’’. Abundó el religioso que es muy cuestionable la declaración del edil de Iguala, José Luis Abarca, descalificando a los estudiantes y acusándolos de que, ‘‘como estaban cometiendo actos ilegales, la policía actuó’’.

Además, advirtió, ‘‘es muy grave la aparición de grupos paramilitares que realizan actos de represión contra grupos de ciudadanos que defienden sus derechos’’.

Similitudes con el caso Tlatlaya

Por su parte, Patrón demandó: ‘‘Hoy más que nunca las autoridades deden asegurar que estos hechos no queden en la impunidad. En Guerrero tenemos otros actos contra estudiantes de esa normal que fueron ultimados en la autopista Chilpancingo-Acapulco y continúan en la impunidad, aunque hubo alumnos muertos’’.

Insistió el también subdirector del Centro Prodh: ‘‘Hay un factor común en los hechos de Iguala y los de Tlatlaya, estado de México: el uso excesivo de la fuerza por parte de las corporaciones: el Ejército y los policías municipales de Iguala dan cuenta de la ausencia de mecanismos de control’’.

A su vez, Cortéz abundó: ‘‘La reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos obliga a las autoridades de cualquier nivel de gobierno a proteger las garantías fundamentales, investigar y reparar el daño’’.

Con los hechos de Tlatlaya, los de Iguala y los que han ocurrido en otros estados queda claro que ‘‘los gobiernos de distinto signo político no tienen ninguna preocupación por los derechos humanos’’, apuntó.