En el país algunos derechos de los menores son transgredidos, tanto en materia educativa como en condiciones de vulnerabilidad, entre ellas la migración, mediante secuestro y trata de niños y adolescentes, además de la desaparición forzada, la tortura, la violencia sexual, el feminicidio, así como las secuelas que laceran a la niñez en contextos de violencia armada, advierte la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

En el Informe alternativo sobre la situación de garantía los derechos de niñas, niños y adolescentes en México, la red indica que, de acuerdo con cifras oficiales, hasta 2014 hay 810 niñas desaparecidas a escala nacional, 361 de las cuales tienen edades entre cero y 12 años, y 449 entre los 13 y 17 años.

Advierte que no existen mecanismos accesibles de información pública para concentrar las alertas sobre niños y adolescentes desaparecidos en todo el país, pues, a pesar de la alerta Ámber, cada entidad federativa publica de manera individual sus bases de datos lo cual evidencia la desarticulación y los vacíos de la información.

En el apartado sobre las obligaciones del Estado para combatir el secuestro y trata de los menores y jóvenes, informa que, según datos de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, en 2012 la organización recibió 206 casos de niñas, niños y adolescentes que fueron víctimas de trata y que en 2013 contabilizó 118 casos, más los 100 no resueltos de años ­anteriores.

Sin las cifras oficiales necesarias

“A pesar de las recomendaciones que ha emitido el Comité de Derechos del Niño respecto de la necesidad de crear un sistema de recopilación de información en los términos del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, prostitución y pornografía infantil, el Estado carece de cifras oficiales que permitan conocer con precisión el impacto de estos fenómenos en los derechos de la infancia.

Esto revela un vacío en la ausencia de acciones de prevención para evitar el reclutamiento de las víctimas de trata, así como los mecanismos que permitan que estos delitos queden impunes.

En el caso de los niños migrantes, señala que las violaciones a los derechos se ubican en las dos fronteras y que los que emigran están expuestos a diversas restricciones o violaciones a sus derechos económicos, sociales y culturales, civiles y políticos, así como al ambiente de violencia que se vive en diferentes ámbitos de la sociedad, la explotación laboral y sexual, y la reunificación familiar.

Respecto de los menores que trabajan, reporta que son aproximadamente 3 millones de niñas y niños entre cinco y 17 años los que realizan alguna actividad económica. De ellos, 68 por ciento son hombres y el resto mujeres.

Las actividades agropecuarias (29 por ciento), el comercio (25) y los servicios (27 por ciento) son los sectores económicos en los que más participan los infantes y adolescentes. La situación de pobreza es uno de los factores de mayor relevancia que los impulsan a trabajar.

Ante este panorama, la organización recomienda al Estado mexicano, entre otras cosas, realizar un diagnóstico nacional sobre todo tipo de violencia contra los niñas, niños y adolescentes, con base en el cual se diseñe y se coordine la implementación de una estrategia nacional para prevenir y combatir todas las formas de violencia contra la población infantil.