Zacatecas, Zac.,

29 de septiembre

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobernador Miguel Alonso Reyes por la desaparición forzada de 10 cazadores originarios de León, Guanajuato (entre ellos un menor), secuestrados por policías del municipio de Joaquín Amaro, quienes los entregaron a miembros del crimen organizado en diciembre de 2010.

El titular de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, instruyó en la recomendación 42/2014, fechada el 24 de septiembre, que, no obstante que la Procuraduría de Justicia detuvo y consignó en enero de 2011 a siete agentes municipales implicados en los hechos (tres ya quedaron libres), se continúe la investigación para detener a todos los responsables y se localice a siete de los 10 cazadores o sus restos.

Para la CNDH, estos agravios actualizaron la figura de desaparición forzada de personas, a la cual el Estado mexicano está sujeto como firmante de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas; la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

La CNDH recordó que el 6 de diciembre de 2010 nueve adultos y un menor (a quienes el ombudsman nacional identifica como víctimas V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9 y V10, con el argumento de que busca proteger su identidad) viajaban en una camioneta Chevrolet Suburban roja para cazar en Zacatecas.

Sin embargo, al cruzar la cabecera municipal de Joaquín Amaro (también conocida como El Plateado), los cazadores fueron detenidos por policías municipales, y presumiblemente también del municipio de Tabasco, con el pretexto de que requerían verificar los permisos de portación de armas.

Los uniformados remitieron a los 10 detenidos a la cárcel local y horas más tarde, presuntamente por órdenes de integrantes del crimen organizado, trasladaron en dos camionetas a los cazadores hasta una gasolinera en la carretera Villanueva-Guadalajara, en el poniente de la capital del estado.

En una brecha, según la CNDH, los agentes se pusieron de acuerdo con criminales –quienes viajaban en tres vehículos, portaban armas largas y vestían capuchas negras y uniformes tipo operativo–, y les entregaron a los cazadores, quienes fueron maniatados, vendados y golpeados.

A la víctima identificada como V10, de 14 años de edad en ese entonces, la dejaron ir. V9 logró escapar luego de haber sufrido una golpiza y recibir un balazo en una pierna, lo que no han explicado las autoridades.

Víctimas desaparecidas y pesquisas incompletas

Desde entonces se desconoce el paradero del resto de las víctimas (entre ellas un militar retirado, según reveló entonces la Procuraduría General de Justicia del Estado).

La PGJE detuvo a siete policías de Joaquín Amaro; tres quedaron libres por falta de pruebas. Un civil no identificado, a quien militares detuvieron meses después en el sureste de Zacatecas cuando manejaba la camioneta de las víctimas, también fue arrestado.

Sin embargo, para la CNDH la investigación no ha seguido desde entonces y no se ha detenido a todos los responsables de la desaparición forzada; es decir, nunca se intentó encontrar a los criminales con quienes los policías de Joaquín Amaro tenían relación.

El organismo señala que la investigación de la PGJE está incompleta porque no se indagó ni consignó a policías de otras corporaciones, aun cuando existían indicios en su contra.

La PGJE habría logrado identificar los restos de la víctima V2 el 8 de agosto de 2011, a partir de un fragmento de vértebra hallado en un predio del municipio de Calera de Víctor Rosales, 25 kilómetros al norte de la ciudad de Zacatecas.