La Organización de Naciones Unidas (ONU) se sumó este lunes a la presión internacional para que las autoridades civiles de México investiguen a ocho militares arrestados por la muerte de 22 presuntos criminales, y pidió protección para la testigo que los acusó de ‘‘asesinato a sangre fría’’.

Este ‘‘podría ser un caso de ejecuciones sumarias’’, estimó la organización internacional a través de un comunicado, mientras que el relator especial, Christof Heyns, dijo que el ‘‘gobierno de México tiene la obligación de investigar a fondo, juzgar y sancionar todos los presuntos casos de ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias’’.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) había informado en un inicio que esas 22 muertes fueron producto de un enfrentamiento entre militares y criminales, pero a raíz de que una supuesta testigo de los hechos contradijo esta versión, los soldados involucrados fueron detenidos la semana pasada por ‘‘desobediencia e infracción de deberes’’.

Estos arrestos constituyen ‘‘un paso en la dirección correcta hacia la justicia para las víctimas y la rendición de cuentas por sus muertes’’, comentó Heyns, al recalcar que estará observando ‘‘de cerca’’ el desarrollo del caso.

La testigo aseguró a la revista Esquire que 21 de los muertos, entre ellos su hija de 15 años, fueron ‘‘ejecutados a sangre fría a pesar de haberse rendido’’ y que sólo una persona murió en el enfrentamiento, ocurrido el 30 de junio en Tlatlaya, estado de México.

Otro factor que ha ahondado las dudas sobre este caso es que sólo un soldado fue herido en el tiroteo. Es necesario ‘‘realizar una investigación rápida e independiente sobre esas muertes’’, añadió la ONU, que pidió ‘‘medidas urgentes de protección’’ para las únicas tres sobrevivientes: la testigo y otras dos mujeres detenidas por posesión de armas de fuego y crimen organizado.

Tanto las autoridades castrenses como la Procuraduría General de la República (PGR) realizan sendas investigaciones. La petición de Naciones Unidas se suma a la realizada por la ONG internacional Human Rights Watch (HRW), la cual estima que en este caso hay un doble crimen: ‘‘la masacre y el encubrimiento’’.

Por su parte, el gobierno de Estados Unidos, que otorgó mil millones de dólares a México como ayuda para fortalecer sus fuerzas en el combate al narcotráfico, ha pedido una ‘‘revisión creíble’’ del caso por parte de autoridades civiles.

El gobierno de México emprendió una lucha militar contra el narcotráfico y el crimen organizado desde 2006. Desde entonces, más de 80 mil personas han muerto en disputas entre cárteles y en operativos federales que buscan combatirlos.