Organismos defensores de derechos humanos y diputados federales del Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano aseveraron que el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, perdió, con sus omisiones, el carácter de defensor del pueblo que le confiere la Constitución.

Durante el coloquio que revisó la actuación de la CNDH, convocado por Movimiento Ciudadano, representantes de las organizaciones señalaron que Plascencia ha desatendido graves violaciones a los derechos humanos de mujeres sometidas a trata, migrantes indocumentados, niñas y niños, estudiantes e incluso de campesinos víctimas de delitos ambientales.

Teresa Ulloa, directora en México de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas, expuso que no hay una sola recomendación sobre explotación sexual. Es un problema que la CNDH no ve ni oye, aseguró. Tampoco, abundó, ha emitido recomendaciones para erradicar la pobreza y la marginación de las mujeres, que las pone en condiciones de vulnerabilidad para ser coptadas por la delincuencia.

No se ha pronunciado por usos y costumbres en comunidades que siguen vendiendo niñas ni ha dicho esta boca es mía para determinar si México cumplió los objetivos del Milenio; tampoco ha integrado la perspectiva de género en todas sus recomendaciones. Es una gran piedra que tiene en su zapato, resaltó. Incluso, indicó, es muy poco lo que la CNDH ha hecho para esclarecer la desaparición de mujeres.

Andrea Cerami, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, explicó que a dos años de creada, la sexta visitaduría no ha presentado ninguna recomendación en materia ambiental ni ha atendido denuncias sobre la contaminación de Petróleos Mexicanos, destrucción en áreas naturales protegidas o el caso de Dragon Mart.

Expuso que la CNDH no se ha colocado del lado de los ciudadanos, de los pueblos indígenas y de las personas que claman justicia. Tendría que ser crítica con el poder, con las instituciones, contar con facultades para accionar contra la justicia, coadyuvar con los ministerios públicos en casos de violaciones de derechos humanos e incluso comparecer en juicios.

Astrid Puentes, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, consideró preocupante que la CNDH se ha vuelto fuente de violaciones por acción u omisión. No comparte la información, o cobra la información a comunidades que no cuentan con recursos, explicó.

Iván Pedroza, asesor en materia de derechos humanos de la bancada el PRD, refirió que la comisión no ha actuado ante iniciativas que pretenden limitar el derecho a la protesta a escala federal y en las entidades.

“Llama la atención que en la ley bala en Puebla, la ley Borge en Quintana Roo y la ley Sotomayor se establezca un aviso previo, que es más bien una medida que burocratiza el ejercicio de los derechos, cuando el relator especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica ha definido que el aviso debe ser para facilitar el derecho de manifestación y garantizar las condiciones de seguridad de todas las personas”.

María Luisa Aguilar, del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, refirió que en casos llevados por esa organización, la CNDH da credibilidad a las versiones de los militares por encima de las víctimas. Citó al indígena Bonfilio Rubio, quien murió cuando viajaba en un autobús, en un retén militar en Huamuxtitlán, Guerrero. La CNDH justificó el uso de la fuerza, como si el soldado que disparó no supiera utilizar su arma, y culpó al chofer de acelerar el camión, relató.