A partir de 2006, cuando el gobierno de Venezuela expulsó de su territorio a agentes de la Administración para el Control de Drogas estadunidense (DEA por sus siglas en inglés) y asumió la ejecución de políticas, planes y programas en materia de drogas, incrementó en más de 60 por ciento las incautaciones de sustancias ilícitas, y desde hace ocho años es el único país andino libre de esos cultivos, afirmó el embajador de Venezuela en México, Hugo José García Hernández.

Tras rechazar el informe sobre drogas publicado por el gobierno de Estados Unidos, el 15 de septiembre pasado, que acusa unilateralmente a los gobiernos del mundo de no cumplir compromisos internacionales de lucha contra el tráfico y consumo de estupefacientes, el diplomático venezolano calificó de incomprensible que el país que registra los más altos niveles de consumo y distribución de sustancias ilícitas dedique sus esfuerzos a proferir y condenar las políticas de otras naciones en la lucha contra ese flagelo, en lugar de diseñar y desarrollar estrategias más efectivas en su propio territorio.

De nuevo, el gobierno estadunidense insiste en una agresión política con una actitud claramente injerencista, ofendiendo a nuestro pueblo. El gobierno nacional no acepta que Estados Unidos pretenda utilizar la lucha antidrogas como un mecanismo de violación de la soberanía de nuestros países o como excusa para mantener presencia de fuerzas militares en nuestros territorios, advirtió en entrevista con La Jornada.

Reconocimiento internacional

García Hernández destaca que en 2013 Venezuela fue excluida de la lista que elabora el Grupo de Acción Financiera sobre el blanqueo de capitales, lo que, contrario a la visión del gobierno estadunidense, es un reconocimiento internacional de nuestro sistema de prevención y control de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo, dijo.

Recuerda, además, que de las llamadas entregas controladas de estupefacientes en territorio de Estados Unidos –ejercicio similar a la fallida operación Rápido y furioso, en la que el gobierno estadunidense introdujo ilegalmente armas a territorio mexicano para seguir su rastro hasta las organizaciones criminales–, las autoridades de ese país no dan cuenta ni del destino de la droga ni de las presuntas detenciones de narcotraficantes u otra información que permita desarticular organizaciones delictivas en América Latina.

El diplomático apunta que desde 2006 los avances contra el narcotráfico en su país son reconocidos por la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, y respaldan una incautación anual promedio de 53 toneladas a partir de que rompimos relaciones de cooperación con la DEA y a pesar de que el gobierno estadunidense prohibió el suministro de refacciones para uno de nuestros radares o la adquisición de aviones brasileños para vigilar nuestro espacio aéreo. Estos avances han obligado a las organizaciones criminales a buscar otras rutas.

De acuerdo con datos reconocidos por Naciones Unidas, desde 2006 se han ubicado a 125 personas solicitadas internacionalmente por delitos relacionados con estupefacientes. De ellas, 76 han sido deportadas a los países solicitantes –mayormente Colombia y Estados Unidos–, 23 siguen un proceso en Venezuela y 26 están en procesos de deportación.

La visión del gobierno de Venezuela en materia de drogas atiende todos los aspectos, no sólo, como pretende Estados Unidos, el del combate a las organizaciones criminales. Destaca la prevención, educación y reinserción social, desde la niñez hasta la edad adulta, señaló el diplomático.