Madrid, 30 de septiembre.

Decenas de miles de ciudadanos salieron a las calles en pueblos y ciudades de Cataluña para exigir su derecho al voto y reivindicar una vez más su anhelo de libertad e independencia. Las concentraciones frente a los ayuntamientos de toda la región fueron convocadas por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) para repudiar la suspensión cautelar de la consulta de independencia del 9 de noviembre, adoptada por el Tribunal Constitucional, al que tildaron de órgano político controlado por el Ejecutivo.

Un día después de que hablaron los tribunales y los despachos de los políticos en Madrid, que derivó en la suspensión por la vía rápida tanto de la convocatoria de consulta –formulada el sábado pasado por el presidente de Cataluña, Artur Mas– como de la ley de consultas catalana, aprobada en el Parlamento regional el pasado 13 de septiembre, los ciudadanos catalanes que pugnan por la independencia y el derecho al voto volvieron a llenar plazas y calles.

Con las consignas independencia y seremos libres, las concentraciones fueron multitudinarias, a pesar de las intensas lluvias y de que se convocó apenas con 24 horas de anticipación.

Las sedes de los ayuntamientos de toda la comunidad autónoma de Cataluña fueron los puntos de reunión de las protestas, a las que acudieron representantes de los principales partidos políticos catalanes partidarios de la consulta y de luchar por la secesión del Estado español, como Convergencia Democrática de Cataluña, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), la CUP e Iniciativa per Cataluña.

Durante las concentraciones se leyó un manifiesto: el Tribunal Constitucional español demostró su total dependencia hacia el Poder Ejecutivo y se puso en evidencia el poco respeto que los poderes públicos españoles tienen por las reglas democráticas.

Y añadieron: más de 90 por ciento de los ayuntamientos de este país ya han dejado claro que el 9 de noviembre votaremos.

Previamente, el gobierno de Artur Mas anunció que suspendía de forma cautelar y temporal la campaña institucional de cara al referendo del 9 de noviembre. Francesc Homs, vocero de la Generalitat, advirtió: si alguien pensó que con lo que pasó ayer todo se acabaría y el proceso político habría finalizado, se equivó. Ayer no acabó nada, todo lo contrario. El gobierno de Cataluña no pliega velas y si algunos pueden tener la tentación de pensar que con lo de ayer ya no habrá consulta, nosotros pensamos justamente al contrario.

Mientras, Rajoy compareció en el Senado, donde reiteró su rechazo al diálogo con los dirigentes catalanes y criticó a los defensores de la independencia. Cataluña no tiene competencias para convocar ese referendo, ya que al hacerlo se priva al resto de los españoles del derecho a decidir qué quieren que sea su país. Sin la ley no hay certezas, y si los gobernantes no cumplen la ley, no hay democracia.

El diputado de ERC, Alfred Bosch, señaló: nos sabe muy mal que el TC adopte esta resolución, pero entre obedecer a un tribunal politizado y obedecer a la mayoría de la población en Cataluña que quiere ir a las urnas, nuestra obligación, nuestro deber, y lo más correcto, es obedecer a los ciudadanos de Cataluña.

En otro asunto, el gobierno español presentó los presupuestos generales del Estado para 2015, en los que se congela la partida destinada a la casa real, que mantendrá los siete millones 780 mil de euros anuales. Se trata de la primera vez en cinco años que no se recorta el gasto de esta institución que sirve de apoyo al monarca en el desempeño de sus funciones constitucionales y que ha bajado año tras año desde 2010, cuando disponía de casi nueve millones.