La Procuraduría General de la República (PGR) tiene indicios suficientes de que el pasado 30 de junio, tras un enfrentamiento en una bodega de Tlatlaya, estado de México, que duró unos ocho minutos, varios militares privaron de la vida a por lo menos una decena de presuntos secuestradores después de que éstos resultaron heridos y ya se habían rendido, informaron funcionarios federales.

Hay dictámenes en criminalística de campo y en medicina forense que hemos podido adminicular (agregar) debidamente a las declaraciones de los militares sujetos a proceso (en el fuero castrense). También encontramos contradicciones en los testimonios de los participantes (de ocho integrantes del Ejército), lo que nos arroja luces sobre la probable comisión de al menos 10 homicidios dolosos, entre otras conductas graves, afirmó un fiscal de la PGR que pidió el anonimato.

A decir de los funcionarios consultados, la procuraduría ejercitó acción penal contra los ocho militares, tres de ellos por los delitos de homicidio calificado y abuso de autoridad, y los otros cinco por encubrimiento y falsedad en declaraciones.

Según las fuentes consultadas, los imputados modificaron la escena del delito y después de al menos dos horas dieron parte a las autoridades del estado de México con el fin de que acudieran a ese sitio para efectuar los primeros peritajes en criminalística forense.

El titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, acompañado del procurador de Justicia Militar, Jesús Gabriel López Benítez, anunció ayer que la dependencia a su cargo tenía elementos de prueba para imputar los delitos de homicidio calificado a por lo menos tres efectivos castrenses.

Según Murillo Karam, los militares que acudieron a la detención de los presuntos secuestradores fueron atacados al llegar al lugar de los hechos, en virtud de lo cual abrieron fuego.

De acuerdo con el reporte oficial, después de al menos ocho minutos de enfrentamiento, los ocho militares, encabezados por un teniente, repelieron la agresión, aunque después de contenerla ingresaron al inmueble y allí privaron de la vida a varios integrantes del grupo criminal pese a que se habían rendido.

El ejercicio de la acción penal implica que los militares detenidos deberán enfrentar proceso por delitos graves, por lo que no podrán obtener la libertad provisional bajo caución.

La PGR solicitará en las próximas horas diversas órdenes de cateo en domicilios de los ahora detenidos, con el fin de tratar de acreditar diversos medios de prueba por la probable responsabilidad de los imputados en los delitos mencionados.

En su edición del pasado viernes, La Jornada publicó que al menos 14 de las 22 personas ultimadas en Tlatlaya fueron colocadas a menos de un metro de las paredes de una bodega y los militares les dispararon a corta distancia.

El diario recogió en su edición de ese día la opinión del criminólogo José Luis Mejía Contreras, quien aseveró que los disparos tuvieron que haber sido a mansalva, es decir, que se les ejecutó.