El presidente de la Comisión de Gobierno en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Manuel Granados Covarrubias (ALDF), dijo que esperará la iniciativa del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, para flexibilizar las causales de clausura para obras en construcción, y anticipó que no se mezclará este tema con la discusión sobre la norma de ordenamiento para vivienda de interés social.

Son dos cosas distintas; una es cómo generamos las condiciones de desarrollo urbano en la ciudad, y la otra, cómo garantizamos la legalidad de los actos administrativos que también provienen de la autoridad.

Reiteró, en el caso de esta última, que la propuesta de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) de normas 30 y 31, para sustituir la norma 26 –actualmente suspendida por los abusos en que incurrieron las inmobiliarias–, nosotros determinamos no darle entrada en la ALDF.

En entrevista por separado, el presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana del órgano legislativo, el perredista Carlos Hernández Mirón, coincidió en que no se tendrá que contaminar un tema con otro.

Distinguió que la propuesta que anunció el Ejecutivo local tiene que ver con atender al sector de la construcción, que es detonante de 40 ramas productivas de la economía en la ciudad, y el otro, que la norma se refiere a una política de vivienda de interés social para la ciudad.

Hernández Mirón y la diputada del PAN, Priscila Vera, señalaron que lo más importante es no bajar la guardia en el tema de las violaciones de uso de suelo.

“Lo fundamental –señaló el primero– es la no violación al uso de suelo y, obviamente, los dictámenes de impacto urbano ambiental, de protección civil y de factibilidad de servicios, contando con estos me parece que los demás requisitos no son menores, pero tendrían que flexibilizarse”.

Vera Hernández, quien propuso la reforma aprobada por el legislativo que establece una multa por obras construidas sin uso de suelo autorizado, equivalente a 35 por ciento del valor comercial de la edificación, consideró que a la par de evitar sobre todo actos de corrupción por los supervisores encargados de verificar, se debe establecer un mecanismo que agilice el procedimiento para suspender y clausurar una obra que viole el uso de suelo.