Puebla, Pue., 2 de octubre.

La situación de los tres ambientalistas de Puebla presos cambió: luego de permanecer más de cinco meses en la cárcel, se permitió a la comisaria ejidal de San Felipe Xonacayucan, Enedina Rosas Vélez, de 60 años de edad, enfrentar su proceso legal en arraigo domiciliario por un problema de salud, mientras el líder campesino Abraham Cordero Calderón recuperó su libertad luego de pagar una fianza de 57 mil 700 pesos.

Además, el gobierno estatal se comprometió a revisar la próxima semana el caso del defensor de derechos humanos Juan Carlos Flores Solís.

Los tres fueron detenidos por separado durante abril pasado por presuntos delitos que habrían perpetrado en protestas contra la construcción de un gasoducto del Proyecto Integral Morelos al pie del volcán Popocatépetl, y del proyecto carretero Arco Poniente.

La noche del miércoles un juez permitió a Enedina Rosas salir del hospital municipal de Atlixco, donde estaba internada desde hacía dos semanas con custodia policiaca, por padecer enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Lucina Quintero, hija de Enedina, informó que ésta se encuentra estable, aunque tiene prohibido asomarse siquiera a puertas y ventanas de su casa; tampoco puede salir al patio ni recibir visitas de extraños. Agregó que no se le dejó vigilancia policiaca en su domicilio a fin de evitar que se sienta hostigada.

A su vez, Abraham Cordero, quien fue juez de paz de San Francisco Tepeyecac, dejó este jueves el penal de Atlixco.

En tanto, se instaló una mesa de negociación para analizar este viernes y el próximo martes la liberación del defensor de derechos humanos Juan Carlos Flores Solís, recluido en el penal de San Pedro Cholula. Él es el principal opositor a la instalación del gasoducto en las laderas del volcán.

La mesa fue producto de una reunión que tuvieron el miércoles el líder de la Unión Campesina Democrática de Puebla, Mario Vélez Merino; Hilario Flores Alonso, dirigente del Movimiento Nacional Los de Abajo, representantes del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, que lleva la defensa legal de Flores Solís; miembros del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, y de la organización Servicios y Asesoría para la Paz.

Por la parte oficial estuvieron el procurador estatal, Víctor Carrancá Bourget, y el titular de la Secretaría General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas.