os gobiernos extranjeros, las grandes empresas, las organizaciones internacionales como el FMI, el Banco Mundial o la OCDE, se dicen impresionados por la rapidez y la profundidad de las reformas estructurales que se han hecho en México. Gracias a la determinación de un presidente joven, moderno y de una clase política ejemplar por la búsqueda de consenso pluripartidista. Sin embargo, la percepción del ciudadano común es que no habrá nada nuevo bajo el sol del país, mientras las instituciones políticas y la práctica cotidiana de los poderes ejecutivo, judicial y legislativo dependan de un marco constitucional y legislativo que no permite ni la modernización ni la moralización de la vida pública. Por su parte, el aparato corporativista síndico-mafioso se quedó prácticamente intacto en los pasados 30 años, siempre fuertemente ligado al PRI, lo que impide el ejercicio de la libertad sindical en un país hoy totalmente abierto al liberalismo económico.

La principal regla no escrita de la vida político-administrativa es la impunidad. En México los altos niveles de corrupción y los megafraudes no provocan crisis políticas, caída del gobierno o destitución de gobernadores o secretarios de Estado. La Constitución y las leyes no permiten el voto de censura o elecciones anticipadas. Con el Pacto por México no hay una oposición frontal a la política del gobierno; hay complicidad institucionalizada entre los partidos políticos, intereses cruzados, protecciones mutuas. Muchas de las reformas constitucionales o de las leyes aprobadas en los pasados meses son difícilmente aplicables (como la consulta popular), contradictorias, confusas, voluntariamente ambiguas. Algunos legisladores reconocen descaradamente que no les importa lo que votan. La cantidad impresionante de dinero público que reciben los partidos políticos es un factor de perversión de todo el andamiaje institucional.

La mayoría de los miembros de la cúpula político-económico sindical está cómodamente instalada en un sistema que asegura la perpetuidad de sus privilegios. La complejidad del derecho procesal y la procrastinación del aparato judicial garantizan en los hechos una impunidad legal. Esta clase dirigente, pública o privada, es absolutamente indiferente a la imagen poco reluciente que proyecta de sí misma.

No hay que esperar mucho de los partidos políticos para hacer cambios profundos o por lo menos introducir un poco de decencia en la vida pública. Un camino posible sería un cambio de régimen, una nueva República para acabar de una vez con el inmovilismo de la revolución institucionalizada. Esto implica una rescritura completa de la Constitución actual, producto de 217 modificaciones, remiendos o parches entre 1917 y 2014! En un Estado moderno, la Ley Fundamental tiene que limitarse a definir los grandes principios universalmente reconocidos (separación de poderes, laicidad, derechos fundamentales del hombre, etcétera), teniendo en cuenta por supuesto la historia y la idiosincrasia nacional y la organización institucional. El resto es del dominio de la ley ordinaria y puede variar en función de las evoluciones de la sociedad o de alternancias políticas dentro de un marco jurídico estable. El general de Gaulle decía en 1958, cuando regresó al poder, que las mejores constituciones son las mas cortas.

México cuenta con excelentes constitucionalistas y juristas capaces de proponer una refundación constitucional a la altura de los retos del siglo XXI y que no sea de antemano secuestrada por los partidos políticos. En los momentos transcendentes de la historia de un país es necesario una ruptura con el pasado para llegar a una verdadera revolución política pacífica y democrática de gran calado. La vía normal para llevar a cabo tal transformación es a través de una Asamblea Constituyente. Sin excluir a los partidos políticos la composición de una Constituyente tendría que ser abierta y representativa de todos los sectores de la sociedad. Los trabajos que podrían durar dos o tres años, se podrían organizar en comités técnicos de expertos presididos por personalidades de alto prestigio y de una intachable trayectoria profesional y social. Naturalmente, el texto final tendría que ser aprobado por un referéndum.

Es una tarea gigantesca, que habrá que llevar con seriedad y honestidad, sin perder tiempo pero sin apuro. Es un proyecto ambicioso que los sectores más conservadores de la cúpula dirigente pueden considerar como contrario a sus intereses y usarán mil astucias para torpedearlo. Lo importante es crear una dinámica para dar a la ciudadanía un papel central en la definición del México que queremos y sacudir un sistema anacrónico en plena descomposición.

*Miembro del Centro TepoztlánVíctor Urquidi AC