esde la primera semana del macroderrame de tóxicos sobre el río Sonora, Grupo México ha tenido tres prioridades: primero, desvirtuar cualquier propuesta de cancelación de la concesión, o de suspender las labores en la mina; en segundo lugar, ganar tiempo, y como tercera prioridad, quiere que se decrete oficialmente superada la contingencia ambiental. Sobre la cancelación ha logrado que algunos economistas conservadores esparzan cierto temor sobre posibles consecuencias de desempleo, como si la explotación de la mina no pudiera pasar a manos de quienes sí se comprometieran a respetar los ecosistemas regionales. No obstante que ese temor ha hecho mella en la mentalidad de los sonorenses, lo cierto es que la idea de una cancelación definitiva de la concesión está presente en el pensamiento de buena parte de los habitantes ribereños y del centro de Sonora. Grupo México también ha ganado tiempo y eso le ha permitido evadir responsabilidades estratégicas para la seguridad ambiental de los sonorenses; sin embargo hoy, a los 57 días del macroderrame y otros dos derrames posteriores, no ha logrado su objetivo de que se declare el fin de la contingencia.

A partir de sus objetivos, desde la primera semana del gran derrame, personeros del consorcio presionaron a los laboratorios certificados y a investigadores de la Universidad de Sonora para que declararan que la contaminación no era tan grave, pero no lo lograron, pues las tercas aguas del río y de los pozos siguieron registrando niveles altos de metales y sustancias tóxicas.

Pero es importante reconocer que Grupo México constituye un consorcio capaz de elaborar nuevas tácticas sobre la marcha, y siempre, con una calculadora en mano, determinar cuál es el método más barato para salirse con la suya. Así lo demostró después del derrumbe de la mina en Pasta de Conchos, donde murieron 65 trabajadores debido a las nulas condiciones de seguridad en los túneles que conducían al carbón. Así también lo hizo con el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, al que entregó mediante fideicomiso 55 millones de dólares de compensación para repartir entre quienes hubieran estado laborando hasta el 24 de agosto de 1990, fecha en que el grupo de Larrea compró la Compañía Minera de Cananea, ya supuestamente quebrada. Larrea entregó ese dinero 15 años después de un largo litigio que ganó el sindicato. Pero el error cándido de éste fue empezar a repartir los 55 millones de dólares exclusivamente entre los mineros que cumplían la condición fijada en el fideicomiso. Entonces Grupo México movió a los grupos de mineros que antes y después de esa fecha estuvieron o estaban trabajando en la mina de Cananea. El resultado fue una avalancha de demandas de mineros que pedían ser incluidos en el reparto sin cumplir la condición del acuerdo, y la división entre el gremio sindical. En parte el sindicato enmendó el error al poner a disposición del juez el resto del dinero y esperar a que de esa manera se decidiera a quién se le entregará. Como se sabe, posteriormente tanto ese recurso como el resto de las cuentas del sindicato fueron confiscados por la PGR.

Ahora, en el caso del río Sonora, la táctica de Germán Larrea consiste en dividir a los siete presidentes de los municipios del río junto con sus pobladores. Es decir, se trata de la misma táctica del fideicomiso ya recetada anteriormente. Para eso utiliza los dos mil millones de pesos que de poquito en poquito ha empezado a repartir el Comité Técnico Interinstitucional, instrumento que el gobierno federal designó para tal efecto. Desafortunadamente, como no hay un padrón efectivo sobre los propietarios de terrenos, negocios, vaqueros y trabajadores agrícolas, los pobladores dependen de la voluntad de los repartidores, que están beneficiando primero a los patrones de mayores ingresos, que pueden comprobar fácilmente con facturas las ventas recientes, así como sus propiedades. No así las miles de familias de trabajadores de campo y dueños de pequeñas parcelas que cuentan con dos o tres vaquillas, y cuyas ventas son de comercio informal sin comprobantes.

En este panorama los alcaldes son centrales en el conflicto, porque inevitablemente van a tener que ir a tribunales con demandas muy gruesas, aun para un consorcio como el de los Larrea. No solamente por el reparto que está funcionando irregularmente, sino por la situación de riesgo en los jales y represos de la mina de Cananea no garantizan que no habrá nuevas catástrofes. Por esta razón hay diferencias abismales en cómo gobierno y empresa ven el problema y cómo la están viendo los ciudadanos del río.

Para consorcio y gobierno es un asunto que se resolverá con una declaratoria de no riesgos con base en los niveles de aguas superficiales y pozos; para los ribereños la contaminación es una cuestión de largo alcance.

En esta batalla Germán Larrea ha ganado tiempo, pero las cosas no se le van a facilitar, a pesar de que hoy cuenta con la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, Cofepris, Semarnat, Conagua, Sagarpa y Secretaría de Salud, que si bien anteriormente lo presionaban, hoy aparecen como sus mejores aliados, buscando argumentos en los registros de niveles de contaminación del río y pozos de agua, para declarar superada la contingencia ambiental. Pero, como han señalado los siete presidentes municipales de los municipios afectados, asesorados por especialistas, refiriéndose a los pozos contiguos al río, nuestros expertos nos dicen, no obstante que el agua de los pozos esté limpia, que si los usamos podemos provocar problemas a los mantos acuíferos al causar la succión de los metales tóxicos que se encuentran en el río (documento del 25 de septiembre, firmado por los siete presidentes municipales, dirigido a los representantes del gobierno federal, del Grupo México y del gobierno estatal). Esta es una de las razones por las que a Germán Larrea le urge dividir a los pueblos del río Sonora, poniéndolos a pelear por los 2 mil millones que se ha visto forzado a pactar. Pero hay más: en ese documento citado le exigen reubicar los jales y represos de bombeo en Cananea, sacándolos de las proximidades del río, cuestión que hasta la fecha no tiene respuesta. La urgencia de que en Cananea se instale una planta tratadora que limpie las aguas contaminantes de los jales es otra de las demandas pendientes. Por eso es importante valorar la táctica divisoria de Grupo México y rogar por que los ambientalistas de Hermosillo despierten del prolongado letargo en el que se encuentran inmersos.