Rodrigo Archundia Barrientos, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), anunció que la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo la investigación relacionada con la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrida los días 26 y 27 de septiembre.

Tomás Zerón de Lucio, titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), informó que personal pericial se trasladó al municipio de Iguala, Guerrero, para realizar las verificaciones necesarias e identificar los restos hallados en varias fosas clandestinas localizadas este sábado y en las que, presuntamente, podrían encontrarse los restos de estudiantes normalistas.

La atracción del caso ocurre días después de que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dijo que el gobierno de Guerrero debía asumir su responsabilidad en el caso, y que la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) consignara el pasado domingo 28 de septiembre a 22 policías municipales de Iguala detenidos por el asesinato de cinco estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Los policías municipales fueron trasladados a Acapulco ‘‘por cuestiones de seguridad’’.

Anoche, alrededor de las 21:30 horas, y en lo que fue sólo la lectura de un comunicado en el salón Jurista de la sede de la PGR, el titular de la Seido y el jefe de la AIC dieron a conocer que, de acuerdo con la documentación que entregó la PGJE, “existen elementos suficientes para atraer la investigación.

Hasta el momento se han puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Seido a diversas personas vinculadas con estos hechos, afirmó Archundia Barrientos.

A su vez, Zerón de Lucio dijo que las autoridades federales habrán de poner toda la fuerza del Estado para esclarecer este lamentable acontecimiento.

Agregó que ya se encuentra personal de los servicios periciales de la PGR en el lugar donde se encontraron las fosas clandestinas en “Guerrero, para practicar los estudios correspondientes y determinar la identidad de cada uno de los cuerpos.

Asimismo, un grupo de investigadores y agentes del Ministerio Público Federal van rumbo a la entidad. El Estado mexicano no puede permitir que un hecho tan indignante quede impune, señaló.