Texcoco, Méx., 5 de octubre.

Las 60 familias del predio El Barco, que el viernes pasado fueron desalojadas y cuyas viviendas estaban por ser destruidas, exigieron este domingo a los gobiernos federal y estatal reubicación o indemnización, pues se quedaron sin las casas que habitaban desde hacía 12 años, en terrenos que adquirieron de manera legal a ejidatarios de Tocuila.

Los afectados dijeron tener contratos de compraventa firmados por los ejidatarios Teresa Herrera Deheza y José Daniel Ruiz Ruiz, recibos de la Comisión Federal de Electricidad, pagos por impuesto predial al ayuntamiento de Texcoco y hasta credenciales de elector con domicilios en ese predio, por lo que aseguraron que no son paracaidistas.

Las autoridades municipales los expulsaron con el argumento de que el terreno es irregular y está en una zona de reserva ecológica.

Juan Vidal Hernández, de 77 años de edad, y Moisés Lara Rodríguez, de 76, llegaron a vivir hace 13 años a El Barco, en el kilómetro 12 de la autopista Peñón-Texcoco.

Usaron sus ahorros para comprar en 2001 terrenos de 45 mil pesos, que pagaron a ejidatarios de Tocuila, y para edificar sus viviendas. Calcularon haber invertido alrededor de 500 mil y 400 mil pesos, respectivamente. Juan Vidal destinó su pensión a la obra. Juana Patricia Chávez Olivares y José Saldívar Javier invirtieron entre 200 mil y 250 mil pesos.

Este domingo los afectados sacaron enseres, muebles y otras pertenencias de sus casas. El ayuntamiento ha derribado 40 de las 60 viviendas. La policía se retiró la noche del viernes, pero se espera que la demolición continúe este lunes.

Las familias estaban dentro del polígono donde se planea construir el nuevo aeropuerto de la ciudad de México y su zona de equipamiento, y a un costado de donde se proyecta ampliar a ocho carriles la autopista Peñón-Texcoco, principal vía de acceso a la nueva terminal aérea.

Queremos que el gobierno nos ayude, porque nos desalojaron a la mala. No somos invasores porque compramos a los ejidatarios. Nos hemos quedado sin patrimonio, todo lo destruyeron los policías. Ninguna autoridad se ha acercado. Quieren estos terrenos porque van a valer oro y al rato vamos a ver casas de interés social, dijeron los colonos.