l pasado 26 de septiembre, elementos policiacos de la ciudad de Iguala, Guerrero, asesinaron a siete jóvenes, y todo hace pensar que elementos de ese mismo cuerpo son los responsables de que 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa se encuentren desde entonces desaparecidos.

Ese día 26 y el 27 siguiente, de las autoridades políticas o del mando único policiaco en el estado, silencio absoluto. Ninguna autoridad municipal, estatal o federal, ni del mando único en Guerrero, da cuenta de su paradero.

Los responsables de los asesinatos y de toda transgresión a la ley, tanto intelectuales como materiales, que tienen nombres y apellidos, deben ser sancionados con todo el rigor de la ley, trátese de quien se trate. Tan importante como esto, a lo que se ha comprometido el día de hoy la más alta autoridad política de la nación, y sin que quepa pretexto alguno, es que los 43 desaparecidos sean presentados con vida.

No cabe que autoridades protejan a autoridades.

La gente, por todo el país, exige detener ya y de manera definitiva la ola de violencia que desde lustros atrás y ahora con mayor intensidad, azota por todas partes. Ninguna llamada de atención más fuerte a ese respecto, que los bestiales acontecimientos de Iguala, que para reforzar este reclamo general habría que sumar las sumarias ejecuciones ilegales de Tlatlaya y los múltiples asesinatos de todos los días de los que se da cuenta por doquier en la República.

Terminar con las olas de violencia que barren la República y abatir de una vez y para siempre a la criminalidad organizada, requiere reconocer que si para ello sólo se hace lo mismo que se hizo en el pasado, el resultado será el mismo fracaso del pasado.

La criminalidad organizada y la corrupción que ella misma alienta y la cobija, sólo serán vencidas con firme decisión política, con entender que la delincuencia no es un fenómeno aislado, que tiene que ver con la aguda desigualdad social, la falta de empleo formal, con una educación que ha venido perdiendo calidad, con la inexistencia de una política de industrialización, con la protección que desde el Estado se brinda a la corrupción y a la impunidad. El proyecto general de desarrollo no puede seguir siendo el mismo que ha llevado a la desastrosa situación en que hoy nos encontramos. Un cambio radical de modelo es urgente, que a partir de aprovechar las potencialidades del país tenga como objetivos centrales la elevación de los niveles de vida de la población en su conjunto y el efectivo crecimiento de la economía en todos sus sectores, y se lleve a cabo mediante un esfuerzo conjunto y coordinado de todos los grupos sociales y políticos de la nación.

Exigimos que los 43 estudiantes de Ayotzinapa aún desaparecidos sean presentados con vida, que la justicia castigue a los responsables de los asesinatos y desapariciones del 26 de septiembre y que este terrible hecho dé paso a las decisiones políticas que pongan fin a la violencia y a los horrores que la delincuencia ha impuesto y no podemos aceptar como cotidianidad de vida en el país.